En el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), los presupuestos parecen tener una gravedad distinta a la del resto de la administración pública: los recursos destinados a las aulas suelen diluirse con pasmosa facilidad en los laberintos burocráticos.
La más reciente revisión al gasto educativo correspondiente al ejercicio 2025 coloca nuevamente a este instituto en el foco de la sospecha. No se trata de rumores pasilleros ni de meras apreciaciones políticas; la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la auditoría número 1397, ha encendido las alarmas al identificar observaciones por un monto acumulado que supera los 17 millones 690 mil pesos.
Aunque jurídicamente una observación contable no equivale a una sentencia ni constituye por sí sola la imputación de un delito, el desglose inicial del pliego de observaciones dibuja un cuadro de opacidad institucional que no puede minimizarse. Las cifras señalan tres vertientes que exigen explicación inmediata:
Cheques con destino al más allá: Pagos registrados a nombre de 24 trabajadores cuyo registro de defunción data de antes de 2025. ¿Quién cobró el dinero de quienes ya no están?
Comisiones sindicales: Presuntas erogaciones destinadas a 18 personas comisionadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Ayer mismo, el líder de la Sección 19 Joel Sánchez Vélez, desmintió que haya comisionados, es decir, personas que siendo docentes no se encuentren en algún centro de trabajo o escuela y se dediquen exclusivamente a tareas sindicales. Incluso, reto a las autoridades del IEBEM a que den santo y seña de estos presuntos 18 aludidos.
El doblete político: Retribuciones asignadas a tres personas que desempeñaban simultáneamente cargos de elección popular. Esto puede incluso tipificarse como abuso de confianza de probarse que estos funcionarios efectivamente participaron y ganaron una elección popular, y desempeñan el encargo al mismo tiempo que, presuntamente, están cobrando en alguna escuela u oficina del IEBEM.
El contexto le añade gravedad al asunto. La muestra auditada por el órgano fiscalizador no fue marginal: revisó 10 mil 407 millones 691 mil 492 pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), cifra que representa el 98% de los recursos federales canalizados al IEBEM por ese rubro. Que en una muestra tan amplia y central sigan brotando inconsistencias administrativas en el manejo de la nómina es prueba fehaciente de que los controles internos fallan por incompetencia o por diseño.
Resulta indispensable guardar el debido rigor procedimental: contrastar expedientes, autorizaciones, fechas de dispersión y sustento documental para determinar si estamos ante descuidos de captura administrativa o ante una red estructurada de desvío de fondos.
Sin embargo, el contexto histórico del IEBEM le quita el beneficio de la duda. Esta dependencia acumula años siendo señalada como el botín político y financiero de la entidad. Mientras las escuelas públicas de Morelos sufren carencias estructurales, falta de insumos básicos y retrasos en las asignaciones docentes, la nómina educativa continúa comportándose como un cheque en blanco para el favoritismo político y la filtración de dinero público.
El esclarecimiento de estos 17.6 millones de pesos no debe quedar en el cajón de las "observaciones por solventar". La sociedad morelense y el magisterio merece una respuesta clara, sin retórica defensiva: ¿se trató de un desorden administrativo sistemático o de corrupción abierta? Exigir rendición de cuentas al IEBEM ya no es solo un trámite técnico de auditoría, es una urgencia de higiene pública.
L@S REDES: En el año 2012 con la entrada en vigor de la extinta Ley General del Servicio Profesional Docente, la figura de comisionados del sector educativo a funciones sindicales desapareció. En Morelos, siendo secretaria general de la Sección 19 María Eugenia Ocampo Bedolla, al igual que en el resto del país y en la dirigencia nacional del SNTE, quienes ostentaban un cargo de dirigencia sindical se tuvieron que reubicar en alguna escuela o centro de trabajo para desempeñar actividades docentes de acuerdo a su perfil profesional, y en su caso, desempeñar actividades sindicales fuera de su horario de escuela. Desde el año 2012 no se sabía o por lo menos no se reportó en alguna auditoria, que existieran comisionados sindicales, un acuerdo que antes del 2012 tenían autoridades y sindicato y que se daba por oficio. No será difícil entonces conocer cómo es que el IEBEM reportó en el año 2025 a 18 comisionados sindicales, pues si el dirigente Sánchez Vélez afirmó que no están en la Sección 19, es decir que no hay acuerdo, es probable que se haya falseado información o bien que esos comisionados sean del propio IEBEM, a ver…
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