Hay pocas ironías tan corrosivas para la vida democrática como ver al gendarme de la legalidad convertido en el indiciado de la opacidad. Durante décadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y su antecesor se erigieron como los jueces implacables de la República: el ente severo que vigila cada centavo, audita cada gasto de campaña y castiga con rigor financiero a los partidos políticos por la más mínima omisión administrativa. Sin embargo, la máxima premisa de la república democrática —que la ley es pareja y nadie se manda solo— alcanzó de lleno al máximo órgano electoral.
El escándalo desatado en torno a la gestión de Guadalupe Taddei, marcado por las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntos contratos irregulares, posibles conflictos de interés y redes de proveedores vinculados a excolaboradores cercanos, no es una simple anécdota burocrática. Representa una severa crisis de autoridad moral. El arbitraje electoral no solo requiere legalidad técnica; exige una congruencia ética rigurosa que hoy, lamentablemente, se encuentra bajo mínimos históricos.
Durante el clímax de las revelaciones y la presión política —que derivó en la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del instituto—, la defensa institucional intentó refugiarse en los terrenos de la formalidad procedimental y en el llamado a respetar las vías institucionales. Pero el problema de fondo es la doble moral institucional: ¿con qué cara el INE exige pulcritud milimétrica a los partidos políticos cuando al interior de su propia estructura administrativa florecen las sombras de la opacidad y los contratos a ras de sospecha?
La intervención de la ASF y el escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no hacen más que evidenciar que los controles internos del árbitro electoral fallaron o fueron omisos. La opacidad no distingue colores partidistas; cuando se instala en las oficinas de quienes deben garantizar la transparencia, corroe los cimientos mismos de la confianza ciudadana. Pretender minimizar los señalamientos bajo el argumento de que se trata de ataques políticos o descalificaciones infundadas es una salida en falso que insulta la inteligencia de los ciudadanos.
La salida de la presidencia del INE no extingue las responsabilidades administrativas, civiles o penales a las que haya lugar. La Ley General de Responsabilidades Administrativas y los ordenamientos penales vigentes establecen con claridad que el paso por un cargo público no otorga impunidad retroactiva. Las investigaciones sobre posibles desvíos, colusión o triangulación de recursos públicos deben llegar hasta las últimas consecuencias, sin simulaciones ni carpetazos pactados en lo oscurito de San Lázaro.
Quienes asumieron el control del órgano electoral y solaparon o toleraron prácticas de contratación al margen de la estricta transparencia deben rendir cuentas ante la sociedad. La democracia mexicana no puede darse el lujo de normalizar la sospecha sobre su árbitro. Si el INE pierde su autoridad moral, lo pierde todo, dejando a la deriva la certidumbre de los procesos electorales venideros.
La lección es dura pero inevitable: la fiscalización rigurosa empieza por casa. Dejar impunes las irregularidades en la cúpula del INE equivaldría a firmar la amnistía de la propia corrupción institucional. Hoy, más que nunca, la exigencia ciudadana no es de discursos prudentes, sino de justicia implacable y rendición de cuentas sin privilegios…
L@S REDES: Se vienen tiempos políticos y vientos de cambio en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Para finales del próximo mes de noviembre habrá un Congreso Seccional Extraordinario en la Sección 19 y en enero próximo será el Congreso Nacional Extraordinario en la CDMX. Pronto abordaremos por qué y para qué estos eventos estatutarios que congregarán a las dirigencias estatal y nacional, así como sus respectivos liderazgos, veremos…
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