Intento de Ley anti memes igual a ¿Censura?

El treinta de septiembre del presente año, fue aprobado por el Senado de la República el proyecto llamado “ley anti memes”, el cual ha generado preocupación y debate social; no sólo por lo que propone, sino por una cuestión mucho más delicada: ¿Hasta dónde puede llegar el poder público, para determinar qué se puede expresar, compartir o incluso convertir en motivo de burla?

El objetivo de la dichosa propuesta, es que busca establecer sanciones relacionadas con el uso de imágenes, símbolos o elementos de identidad institucional en contenidos difundidos por internet; especialmente cuando puedan considerarse ofensivos, denigrantes o perjudiciales para la imagen de una institución pública y sus funcionarios; penalidades que van desde uno a cinco años de cárcel y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización.

Lo cierto es que en México, los memes forman parte de la cultura coloquial de las personas que expresan humor, sarcasmo, imágenes o parodias; pues millones de usuarios de las tecnologías digitales comentan acontecimientos políticos y sociales, cuestionan a sus gobernantes y expresan su inconformidad; por lo que resulta limitar estas manifestaciones bajo argumentos ambiguos que pueden convertirse en un verdadero ataque a la libertad de expresión.

Y es que, esta abusiva pretensión no es solamente para decir aquello que resulta cómodo o agradable para quienes ejercen el poder, pues su verdadera esencia excesiva aparece precisamente cuando permite cuestionar, criticar y señalar aquello con lo que una parte de la sociedad no está de acuerdo. Una democracia no sólo puede limitarse al simple hecho de acudir a las urnas y votar; también implica la posibilidad de disentir, señalar y opinar abiertamente sobre quienes toman decisiones públicas en nombre de la ciudadanía.

Por ello, cualquier intento de censura de contenidos en internet, no puede minimizarse, ya que podría terminar hasta restringir opiniones legítimas y violar el derecho a la libertad de expresión; por tanto, cuando el Estado comienza a decidir qué se puede publicar y qué se debe eliminar, el problema deja de ser un simple meme y se perfila para decretarse un autoritarismo.

De lo anterior, los funcionarios públicos deben entender que, ocupar voluntariamente un cargo público implica estar expuestos al escrutinio de la sociedad, quien tiene derecho a calificar su desempeño porque sus salarios son pagados del erario público; es por ello que quien decide participar en la vida pública alcanza tener esa condición, pues ya que sus decisiones, declaraciones, pronunciamientos y actuaciones pueden ser cuestionadas en su caso.

En conclusión, los servidores públicos no pueden sólo recibir aplausos y al mismo tiempo considerar que, cualquier crítica, evaluación, sátira o expresión incómoda signifique una agresión; toda vez que en una sociedad democrática no se necesita que el poder público decida cuándo divertirse, se necesitan instituciones y funcionarios públicos capaces de aceptar la calificación en cualquier modalidad de su desempeño, pero sin convertirla en censura.