• Cuernavaca: la seguridad que no llega

Cuernavaca vuelve a quedar exhibida como una capital donde la autoridad corre detrás de la tragedia. No antes, no a tiempo, no con inteligencia preventiva: sino después. Después de los balazos, después del luto universitario, después de que dos adolescentes de la UAEM fueron asesinados en Chulavista y de que otro joven resultó herido, el alcalde panista José Luis Urióstegui Salgado reconoció lo que la ciudadanía padece desde hace demasiado tiempo: la estrategia de seguridad municipal “no ha funcionado del todo”. El problema es que, en una ciudad atravesada por la violencia, esa frase ya no alcanza. Es una confesión tardía, tibia y políticamente insuficiente.
El ultimátum de dos semanas a los mandos policiacos puede sonar enérgico en conferencia, pero en la calle roza la ingenuidad. La delincuencia no se contiene con regaños administrativos ni con llamados de ocasión a redoblar esfuerzos. Si la vigilancia es cada vez menos visible, como admite el propio alcalde, entonces el fracaso no está solamente en los mandos: está en la conducción política del municipio, en la falta de evaluación permanente, en la ausencia de presencia territorial y en la incapacidad para anticipar zonas de riesgo. Cuernavaca no necesita ultimátums teatrales; necesita estrategia real, inteligencia, patrullaje medible, investigación y rendición de cuentas.
Pero sería cómodo cargar toda la culpa al municipio. El Gobierno de Morelos también llega tarde. La administración estatal presentó “Morelos por la Seguridad” como una ruta integral alineada con la Federación, con ejes de prevención, fortalecimiento policial, inteligencia y coordinación. En el papel, el plan es impecable; en las colonias, la realidad lo desmiente. Si seis estudiantes de la UAEM han sido asesinados en lo que va del año, si la comunidad universitaria vive entre homenajes, marchas y exigencias de justicia, entonces la estrategia estatal no puede defenderse con boletines ni con discursos sobre coordinación. La seguridad se mide en vidas protegidas, no en mesas instaladas.
La Federación tampoco puede mirar de lejos y aparecer sólo cuando la indignación ya escaló a nivel nacional. Que la Presidencia ordene reforzar medidas preventivas y pedir coordinación con la gobernadora, la rectora de la UAEM y estudiantes confirma que Cuernavaca volvió a entrar en el radar federal por la vía del escándalo. El problema es que Morelos no requiere atención episódica, sino intervención sostenida: inteligencia criminal, combate a redes de extorsión, desarme de células locales, vigilancia en zonas universitarias y acompañamiento institucional verificable. Si Cuernavaca y Cuautla son prioridades federales por sus índices delictivos, la prioridad debe sentirse en las calles, no sólo en la mañanera.
La crisis de seguridad en la capital morelense exhibe una cadena completa de negligencias: un municipio rebasado, un estado que presume planes mientras la violencia avanza y una Federación que reacciona cuando el dolor ya es noticia. Los tres niveles de gobierno se han escudado durante años en la palabra coordinación, pero la coordinación sin resultados es sólo una coartada compartida. Mientras tanto, las familias entierran jóvenes, los estudiantes salen con miedo y la autoridad administra comunicados.
Cuernavaca no está para diagnósticos complacientes ni para esperar dos semanas a ver si la autoridad despierta. La violencia ya dio su veredicto: el modelo actual no alcanza. Y cuando el crimen avasalla a la autoridad, la pregunta no es si habrá cambios de mandos, sino cuándo asumirán los gobernantes el costo político de su fracaso. Porque la seguridad no se promete: se garantiza. Y si no pueden garantizarla, al menos deberían dejar de simular que la están controlando.
En este contexto, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández ya no puede limitarse al pésame institucional ni a comunicados que repiten, con justa indignación pero sin fuerza operativa, que la UAEM no debe acostumbrarse al luto. La universidad ha anunciado comisiones, botones de pánico, luminarias, comités de bienestar, torniquetes, corredores seguros y coordinación con autoridades; sin embargo, la acumulación de estudiantes asesinados —incluidos los dos adolescentes de la Preparatoria 2 en Cuernavaca y la estudiante española Claudia Tacoronte en Cuautla— demuestra que esos instrumentos, si existen, no han sido suficientes o no han sido explicados con claridad a la comunidad. La rectora debe dejar de administrar la crisis desde la retórica y presentar, de inmediato, un mapa público de riesgos por campus, rutas y horarios; protocolos verificables para estudiantes locales y extranjeros; evaluación externa del plan de seguridad universitaria; acompañamiento jurídico permanente a las familias; y una mesa diaria de seguimiento con estudiantes, Fiscalía, municipio, estado y Federación.
Si el cargo la ha rebasado, tiene dos caminos: asumir el mando con una política universitaria de seguridad seria, transparente y medible, o reconocer que no está a la altura de la emergencia. No se le puede exigir a la rectoría que sustituya a la policía ni a la Fiscalía, pero sí que proteja a su comunidad con información oportuna, prevención real, presión institucional sostenida y rendición de cuentas. La autonomía universitaria no debe ser pretexto para el aislamiento, sino escudo para defender a sus estudiantes frente a gobiernos omisos. En tiempos normales, una rectora administra aulas; en tiempos como estos, debe encabezar una causa pública. Y si Viridiana León no puede convertirse en esa voz firme, incómoda y eficaz que la UAEM necesita, entonces la comunidad universitaria tendrá derecho a preguntarse si su permanencia ayuda a enfrentar la crisis o sólo acompaña, con discursos, el siguiente duelo, veremos…