La diputada Andrea Gordillo Vega exigió al fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, transparentar el uso de los más de mil 120 millones de pesos asignados a la Fiscalía General del Estado (FGE) durante 2026, así como explicar los resultados obtenidos en investigación de delitos, reducción del rezago ministerial y sentencias condenatorias.
Durante la comparecencia del fiscal ante el Congreso del Estado de Morelos, este miércoles 18 de noviembre, la legisladora cuestionó si los recursos públicos destinados a la procuración de justicia se han traducido en una mejor atención de las denuncias y en resultados concretos para la ciudadanía.
Su planteamiento estuvo acompañado por el índice de impunidad penal institucional de 97.61 por ciento registrado en Morelos, indicador que coloca a la entidad entre las tres con mayores niveles de impunidad del país, de acuerdo con el estudio Radiografía de la Impunidad 2024, elaborado por México Evalúa.
Gordillo Vega pidió conocer cuánto del presupuesto se ha destinado específicamente al fortalecimiento del Ministerio Público, los servicios periciales y las capacidades de investigación, así como los avances que pueden atribuirse a esas inversiones.
Fiscalía de Morelos recibió más de mil 120 millones de pesos en 2026
El Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para 2026 estableció una asignación original de mil 120 millones 804 mil 804 pesos para la Fiscalía General del Estado.
La cantidad comprendía aproximadamente 600.8 millones de pesos de recursos federales no etiquetados, 450 millones de recursos fiscales estatales y 70 millones de recursos federales etiquetados.
Sin embargo, el presupuesto inicial tuvo modificaciones durante el año. En septiembre, el Congreso aprobó una ampliación de 5 millones 348 mil 123 pesos, con lo que la asignación modificada alcanzó aproximadamente mil 126.2 millones de pesos.
Estas cifras corresponden a recursos autorizados y no necesariamente a cantidades ya ejercidas.
Precisamente, uno de los cuestionamientos de Andrea Gordillo fue conocer el destino del dinero, particularmente cuánto se ha utilizado para mejorar las investigaciones y fortalecer las áreas responsables de integrar las carpetas.
Morelos registra 97.61% de impunidad penal institucional
La exigencia de rendición de cuentas ocurre después de que México Evalúa presentó, en marzo de 2026, los resultados de su estudio Radiografía de la Impunidad 2024.
El informe ubicó a Morelos en el segundo lugar nacional de impunidad penal institucional, con 97.61 por ciento, solamente por debajo de Jalisco, que registró 97.81 por ciento. Guerrero apareció en tercer lugar, con 96.19 por ciento.
El indicador refleja las dificultades del sistema de justicia penal para dar una respuesta efectiva a los casos que ingresan a las instituciones encargadas de investigarlos y resolverlos.
No obstante, el porcentaje corresponde a información de 2024, por lo que no constituye una evaluación directa de los resultados obtenidos por la actual administración de la Fiscalía durante 2026.
El dato permite contextualizar los cuestionamientos de la legisladora sobre el rezago ministerial y la necesidad de establecer indicadores que permitan conocer los resultados de los recursos públicos.
Blumenkron reporta 226 sentencias y 706 vinculaciones a proceso
Durante su Segundo Informe Semestral de Acciones, Fernando Blumenkron presentó cifras sobre el trabajo de la Fiscalía entre el 7 de febrero y el 6 de agosto de 2026.
El organismo reportó la apertura de más de 28 mil carpetas de investigación, de las cuales concluyó más de 9 mil mediante los procedimientos legales correspondientes.
También informó de 706 vinculaciones a proceso y 226 sentencias condenatorias, estas últimas frente a las 76 registradas durante el periodo comparable de 2025.
El incremento en sentencias fue de aproximadamente 197 por ciento, según las cifras presentadas por la propia institución.
Blumenkron destacó estos resultados como parte de las acciones para fortalecer la procuración de justicia y mejorar la integración de las investigaciones.
Sin embargo, las carpetas iniciadas, las vinculaciones y las sentencias corresponden a distintas etapas del procedimiento penal. Por ello, no pueden utilizarse como si todas pertenecieran a los mismos expedientes ni calcularse a partir de ellas una tasa general de resolución.
Fiscalía solicitó 324 millones adicionales para operar
El presupuesto de la FGE también fue motivo de una controversia durante el presente ejercicio fiscal.
Para 2026, la institución presentó un anteproyecto de aproximadamente mil 444.9 millones de pesos, pero la asignación original aprobada fue de mil 120.8 millones.
La diferencia fue de alrededor de 324 millones de pesos menos de lo solicitado, situación que llevó a la Fiscalía a impugnar disposiciones del presupuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Posteriormente se aprobaron modificaciones presupuestales, entre ellas la ampliación de septiembre.
El antecedente permite distinguir entre los recursos que solicitó la institución, los que autorizó el Congreso y las cantidades efectivamente utilizadas durante el año.
La existencia de mayores o menores asignaciones presupuestales, por sí sola, no determina la calidad de los resultados de procuración de justicia.
Piden explicar inversión en ministerios públicos y servicios periciales
Además de los resultados judiciales, la Fiscalía informó que durante el periodo evaluado se realizaron más de 41 mil dictámenes periciales, como parte de las investigaciones de delitos.
En su comparecencia, Blumenkron sostuvo que la institución trabaja en el fortalecimiento de las capacidades científicas, operativas y de investigación criminal.
Sin embargo, Andrea Gordillo solicitó información específica sobre el presupuesto destinado a esas áreas, así como una explicación de los resultados obtenidos con los recursos asignados.
La legisladora también planteó la necesidad de evaluar la reducción del rezago ministerial, el esclarecimiento de delitos y la obtención de sentencias condenatorias.
El estudio de México Evalúa ofrece otro antecedente sobre las dificultades del sistema de justicia: a escala nacional, durante 2024, solo 6.28 por ciento de los casos acumulados llegó al ejercicio de la acción penal.
Se trata de un indicador nacional correspondiente a un periodo anterior, que no representa por sí mismo el desempeño específico de la Fiscalía de Morelos en 2026.
Con estos antecedentes, el cuestionamiento de la diputada se concentró en la necesidad de transparentar el ejercicio del presupuesto y establecer resultados verificables, que permitan conocer cómo se utilizan los recursos públicos destinados a la procuración de justicia en Morelos.
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