Los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias han abierto un debate que merece algo más que consignas, merece reflexión.
Proteger a las audiencias, fortalecer la ética de los medios y evitar que la publicidad se disfrace de información son objetivos legítimos. Nadie debería oponerse a ello, la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo proteger esos derechos sin poner en riesgo otro igual de importante, la libertad de expresión?
Ésa es la línea que toda democracia debe cuidar.
Porque la libertad de expresión no fue creada para proteger a periodistas o empresas de comunicación, fue creada para proteger el derecho de los ciudadanos a escuchar distintas voces, contrastar versiones y construir su propio criterio.
Toda democracia parte de un acto de confianza, confía en que sus ciudadanos son capaces de escuchar una versión oficial, confrontarla con el trabajo de un periodista, buscar otra fuente y llegar a sus propias conclusiones, ese juicio pertenece a la sociedad, no al Estado.
Hay además, un aspecto del que casi no se habla. Los gobiernos también necesitan una prensa crítica, conforme una administración avanza, el poder suele rodearse de colaboradores que coinciden con él, de amigos que lo respaldan y de simpatizantes que justifican sus decisiones. Es un fenómeno natural, lo difícil es encontrar a quien tenga el valor de decirle al gobernante que se está equivocando.
Ahí aparece el verdadero valor de una prensa libre. No está para gobernar, está para preguntar.
Está para señalar aquello que nadie quiso ver, está para recordar que la realidad no siempre coincide con los informes que llegan al escritorio del poder. Un gobernante puede no compartir lo que publica un periodista, está en su derecho.
Lo que no debería hacer es dejar de escucharlo, porque muchas veces una crítica responsable evita un error, corrige una decisión o alerta sobre un problema que todavía tiene solución.
Los aplausos tranquilizan, las críticas corrigen. Por eso este debate no trata únicamente de medios de comunicación, trata de la confianza que una democracia deposita en sus ciudadanos para pensar por sí mismos y de la prudencia con la que el Estado debe ejercer cualquier facultad relacionada con la conversación pública. Las leyes cambiarán, los gobiernos también.
Pero hay un principio que debería permanecer intacto. Una sociedad libre no necesita que le digan qué pensar ni qué escuchar, necesita la libertad de conocer todas las voces y decidir por sí misma.
Porque una democracia no se debilita cuando existen voces incómodas, se debilita cuando dejan de escucharse.









