• Un congreso entrampado

Con las honrosas excepciones de algunos diputados, la actual legislatura del Congreso del Estado de Morelos volvió a confirmar que, cuando la política exige oficio, temple y altura de miras, la mayoría de sus integrantes prefiere esconderse detrás del trámite, del cálculo de bancada o del pretexto burocrático. Lo ocurrido con la designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas no es un asunto menor ni un expediente más en la larga lista de pendientes legislativos: se trata de una institución clave para miles de familias que esperan atención, acompañamiento, verdad, justicia y reparación. La terna enviada por el Poder Ejecutivo quedó integrada por Andrea Acevedo García, Ruth Adriana de la Cruz Morales y Briseida Yadira García Vara, después de un proceso que, según la información pública disponible, incluyó consulta a colectivos de víctimas, especialistas y organizaciones civiles. Aun así, el Congreso fue incapaz de convertir ese insumo en una decisión seria, transparente y oportuna.
El problema se vuelve todavía más delicado si se considera que la CEARV arrastra un rezago reportado de más de cuatro mil quinientos expedientes relacionados con atención a víctimas. Es decir, no hablamos de una oficina ornamental ni de un nombramiento para satisfacer equilibrios partidistas; hablamos de una dependencia que debe responder a personas que han vivido violencia, desapariciones, delitos y daños profundos. Frente a ese contexto, la explicación de que faltaban documentos en los expedientes puede ser legalmente atendible, pero políticamente resulta pobre. Si los requisitos eran indispensables, debieron revisarse con anticipación, exigir su cumplimiento de inmediato y mantener informado a los colectivos. Lo que no se vale es usar la legalidad como coartada para justificar la lentitud, la desorganización y la falta de conducción parlamentaria.
La decisión de dejar el nombramiento para después del receso legislativo terminó por exhibir una desconexión ofensiva entre el calendario político y la urgencia social. Mientras las víctimas esperan respuestas, el Congreso administra tiempos como si se tratara de una agenda interna sin consecuencias humanas. El presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, ha señalado que la Comisión Permanente evaluará si existen condiciones para convocar a un periodo extraordinario; sin embargo, esa frase retrata el tamaño del problema: en un Congreso funcional, las condiciones se construyen, no se esperan como si fueran un fenómeno meteorológico. La política no consiste en mirar el reloj del receso, sino en asumir responsabilidades cuando los temas son impostergables.
A ese desaseo se suma la negociación con los trabajadores del propio Poder Legislativo y la discusión pública sobre el sistema de pensiones. La irrupción de trabajadores sindicalizados en el recinto legislativo no puede celebrarse como método, pero sí debe leerse como síntoma: cuando un poder público no comunica, no dialoga y no genera confianza, la inconformidad termina entrando por la puerta que encuentra abierta. El Congreso desmintió una supuesta aprobación “fast track” de una reforma pensionaria y el Gobierno estatal también ha señalado que no existe una iniciativa formal presentada; aun así, la sola posibilidad de un cambio en materia de pensiones encendió alarmas entre trabajadores y jubilados. La responsabilidad legislativa no era lavarse las manos con comunicados, sino encabezar una discusión pública, técnica y honesta sobre derechos adquiridos, viabilidad financiera y futuro del sistema.
Lo grave no es que existan debates difíciles; lo grave es que el Congreso parezca no estar a la altura de ellos. Víctimas, trabajadores, pensionados y ciudadanos no necesitan legisladores susceptibles, dispersos o más preocupados por la foto que por el fondo. Necesitan representantes capaces de estudiar expedientes, sostener acuerdos, resistir presiones, explicar decisiones y votar con responsabilidad. Pero esta legislatura, salvo contadas excepciones, ha mostrado una preocupante combinación de torpeza política, fragilidad institucional y ausencia de carácter. Le incomoda la crítica, se enreda en los procedimientos, posterga lo urgente y convierte cada crisis en una demostración de su propia pequeñez.
En suma: una designación sensible quedó atorada, una agenda laboral se descompuso, la discusión pensionaria se contaminó de rumores y el Poder Legislativo entró en receso dejando asuntos de alto impacto en suspenso. Ese es el saldo. Y ante ese saldo, la crítica fuerte no sólo es válida, sino necesaria. Porque cuando un Congreso no sabe procesar los grandes temas del estado, deja de ser contrapeso, deja de ser parlamento y empieza a parecer una oficina cara, lenta y asustadiza, incapaz de cumplir con la responsabilidad histórica para la que fue electa, a ver…