• Morelos y la afrenta del Cuau

Según reportes basados en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el presunto daño a las arcas públicas durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo en Morelos ya rebasa los 8 mil 600 millones de pesos. La cifra, por sí sola, debería cimbrar a cualquier institución democrática; pero en la tierra de Zapata, donde la indignación convive con la costumbre de ver pasar gobiernos opacos, el escándalo parece haber sido tratado como un trámite más. Blanco gobernó de 2018 a 2024, y dejó tras de sí una estela de señalamientos por recursos sin comprobar, obras bajo sospecha, fondos federales observados y una pregunta que hoy pesa más que cualquier discurso: ¿cuándo habrá consecuencias reales?
Lo grave no es solamente el monto. Lo verdaderamente intolerable es el patrón. Las auditorías y reportes periodísticos han señalado irregularidades acumuladas en áreas que no son accesorias, sino vitales: salud, educación, seguridad e infraestructura. Es decir, no hablamos de papeles extraviados ni de tecnicismos contables; hablamos de recursos que debieron traducirse en medicinas, aulas, caminos, servicios públicos y protección para la ciudadanía. Cada peso observado representa una promesa incumplida y, posiblemente, una necesidad social abandonada.
Cuauhtémoc Blanco llegó al poder envuelto en la popularidad de una figura deportiva, pero gobernar no es cobrar penales ni posar para la tribuna. Gobernar exige oficio, responsabilidad y rendición de cuentas. Su administración, lejos de consolidar un proyecto serio para Morelos, terminó convertida en símbolo de improvisación, frivolidad y sospecha. El problema no fue que un exfutbolista llegara a la gubernatura; el problema fue que el poder público pareciera haber sido administrado como botín político, con una ligereza insultante frente a la pobreza, la violencia y el abandono que padecen miles de morelenses.
La ASF ha documentado observaciones millonarias y presuntos daños al erario en distintos ejercicios fiscales. Diversos reportes han señalado que, entre 2019 y 2024, las irregularidades crecieron con el paso de los años, mientras las aclaraciones avanzaron a un ritmo menor. Ese contraste revela una administración incapaz —o poco dispuesta— a explicar con transparencia el destino del dinero público. Cuando el desorden se repite año tras año, deja de ser accidente administrativo y empieza a parecer método.
También resulta ofensivo el silencio institucional. Si existen observaciones por miles de millones de pesos, si hay expedientes sin solventar, si se presume daño a la Hacienda Pública, entonces la ciudadanía tiene derecho a saber quién firmó, quién autorizó, quién cobró, quién omitió y quién encubrió. La fiscalización no puede quedarse en informes archivados ni en comunicados tibios. La rendición de cuentas no se mide por el volumen de papeles entregados, sino por la capacidad del Estado para sancionar a quienes traicionan la confianza pública.
Morelos no merece que el saqueo se normalice ni que la indignación se desgaste en sobremesas. La pregunta no es si Cuauhtémoc Blanco fue popular, carismático o mediático; la pregunta es si su gobierno manejó con legalidad los recursos que pertenecen a la gente. Y si la respuesta está bajo sospecha, entonces no basta con la condena pública: hacen falta investigaciones serias, denuncias bien integradas y sanciones ejemplares.
Porque si después de un presunto desfalco de tal magnitud no pasa nada, el mensaje será devastador: que en Morelos se puede gobernar mal, gastar peor y aun así brincar del Palacio de Gobierno a una curul federal sin rendir cuentas. Y ese mensaje sería una segunda ofensa para la ciudadanía, quizá tan grave como el daño financiero mismo. La justicia no puede seguir llegando tarde, ni la impunidad puede seguir vistiendo uniforme de fuero.
Pero el exfutbolista no actuó solo. Cuauhtémoc Blanco fue, y sigue siendo, producto de una red de complicidades políticas que lo sostuvo cuando ya era evidente el desgaste de su gobierno. Desde las altas esferas del poder público y de su propio partido se prefirió administrar el costo político de su figura antes que exigirle cuentas con rigor. Se le toleraron excesos, ausencias, opacidad y señalamientos porque, durante años, su nombre funcionó como marca electoral; pero esa marca terminó convertida en lastre institucional. Lo más grave es que quienes lo protegieron no pueden presentarse ahora como simples espectadores: también son responsables de haber permitido que Morelos quedara atrapado entre la frivolidad del personaje y la impunidad del sistema que lo cobijó.
Por eso la crítica no puede detenerse en Blanco como individuo. Debe alcanzar a los dirigentes que lo impulsaron, a los funcionarios que ejecutaron decisiones cuestionables, a los legisladores que callaron cuando debieron fiscalizar y a las instituciones que miraron hacia otro lado mientras el deterioro avanzaba. Morelos necesita algo más que indignación: necesita memoria pública, investigación seria y consecuencias. De lo contrario, el caso Blanco quedará como una lección brutal de cómo la fama puede abrir la puerta del poder, pero la ausencia de controles permite que esa puerta se cierre sobre los ciudadanos, a ver…