• Congreso, pensiones, parálisis

El aplazamiento de la aprobación de la iniciativa para crear el Instituto Estatal de Pensiones —o, con mayor precisión, el diferimiento de una discusión que ni siquiera ha logrado aterrizar en una propuesta formal suficientemente socializada— es un episodio que exhibe una carencia cada vez más evidente en la vida pública de Morelos: la falta de oficio político de algunos actores que deberían construir acuerdos antes de encender alarmas. No se trata únicamente de un trámite legislativo pendiente ni de una reforma más en el calendario del Congreso; se trata de un tema sensible, atravesado por derechos laborales, finanzas públicas, incertidumbre sindical y la obligación institucional de hablar con claridad antes de pretender gobernar con rumores, borradores o medias verdades.
La creación de un organismo encargado de pensiones y jubilaciones no puede despacharse con prisa, pero tampoco puede condenarse a la parálisis por falta de conducción. En los últimos días, el propio debate público ha dejado ver una contradicción de origen: mientras algunos legisladores hablan de una iniciativa que debe esperar, funcionarios del Ejecutivo han insistido en que no existe un documento formal presentado ante el Congreso, sino apenas papeles de trabajo o un anteproyecto en revisión. Esa diferencia no es menor. Cuando un asunto de esta magnitud se comunica de manera confusa, el vacío lo llenan la sospecha, la movilización y el cálculo político.
Ahí es donde aparece la falta de oficio político. Oficio político no significa imponer mayorías ni administrar silencios; significa leer el momento, anticipar resistencias, convocar a los interlocutores correctos, transparentar los alcances de una reforma y evitar que el Congreso termine actuando como ventanilla de crisis ajenas. Si una propuesta toca el futuro de trabajadores en activo, jubilados, sindicatos, ayuntamientos y poderes públicos, el mínimo indispensable es construir confianza antes de pedir votos. Lo contrario es abrir la puerta a que cada actor defienda su parcela, eleve el tono y convierta una discusión técnica en una disputa de desgaste.
Los cuestionamientos de distintos grupos legislativos y sindicales no surgieron en el vacío. Se ha pedido claridad sobre el financiamiento, sobre la administración del eventual instituto, sobre la participación de los municipios y sobre la garantía plena de los derechos adquiridos. También se ha señalado la necesidad de contar con estudios actuariales serios antes de votar cualquier modificación de fondo. En un tema pensionario, prometer que “no habrá afectaciones” no basta: se requiere demostrarlo con números, reglas de transición, salvaguardas jurídicas y un diseño institucional que no dependa de la buena voluntad del gobierno en turno.
El Poder Legislativo, por su parte, tampoco puede lavarse las manos bajo el argumento de que no hay condiciones. Si no hay condiciones, alguien debe construirlas. Si falta información, debe exigirse formalmente. Si hay desinformación, debe aclararse con documentos y no con declaraciones dispersas. Y si el tema no será votado en el actual periodo ordinario, la obligación política no termina con posponerlo: empieza con explicar qué ruta seguirá, qué mesas se instalarán, qué dictámenes técnicos se requerirán y bajo qué calendario se retomará la discusión.
La política se mide precisamente en estos asuntos incómodos: cuando hay presión social, intereses cruzados y costos por asumir. Gobernar y legislar no es esperar a que el conflicto se apague solo; es ordenar la conversación pública, dar certeza y convertir la tensión en acuerdos. Morelos no puede seguir atrapado entre iniciativas que nadie reconoce formalmente, legisladores que administran el aplazamiento y sindicatos obligados a reaccionar ante versiones incompletas. Si de verdad se quiere resolver el problema de pensiones, hará falta algo más que discursos de buena fe: hará falta oficio político, responsabilidad técnica y la valentía de decir la verdad antes de pedir confianza, a ver…