Indignación por violencia… ¿Y Blanco?
La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) abrió una carpeta de investigación contra el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, motivada por la indignación nacional ante la filtración de un video donde golpea y somete a su esposa, la científica María Felicia Jiménez Lavie. El caso no solo expone la impunidad de la violencia de género en los niveles más altos del poder, sino también la alarmante sumisión de las instituciones judiciales que solo actúan cuando la presión social en las redes se vuelve insostenible. La reciente apertura de una carpeta de investigación por parte de la FGE de Morelos en contra de Víctor Rodríguez Padilla —quien fungía como titular del INEEL— no es un triunfo del debido proceso penal; es el reflejo de un sistema de justicia reactivo y profundamente condicionado por el escándalo público. Tuvieron que pasar meses desde la agresión ocurrida el 15 de marzo de este año, y mediarse la difusión de un video brutal y explícito en redes sociales, para que la maquinaria institucional decidiera simular empatía e iniciar las diligencias pertinentes… Y recordemos el caso de Cuauhtémoc Blanco y la denuncia por violación en grado de tentativa, en un recinto oficial, parece que su pecado es que no hubo cámara filmando al interior de su recámara… Porque ahora sí ante un hecho evidente ya no pueden defender a los suyos, pero mientras exista la manera de encubrirlos, que sigan libres haciendo de las suyas.
De la complicidad de antes a la indolencia de hoy
La culminación de la sexta etapa de exhumaciones en el panteón Pedro Amaro de Jojutla no representa el cierre de un proceso judicial; representa la apertura, una vez más, de las cloacas del crimen organizado y autoridades que protegieron la impunidad. El hallazgo de aproximadamente un centenar de restos humanos —entre los que figuran de manera desgarradora mujeres, menores y al menos diez bebés— es el crudo recordatorio de que las instituciones públicas actuaron durante años como cómplices del olvido, sepultando cuerpos de forma irregular y negando el derecho a la identidad. Lo ocurrido en estas jornadas de campo, también cuestiona la actuación de la FGE hoy en día, debido a que roza la violencia institucional y la revictimización. Mientras los colectivos de familias buscadoras —como Regresando a Casa Morelos o Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla— dejaban la salud, el alma y las manos en la tierra, la Fiscalía intentó apresurar el cierre de la fosa. El acuerdo técnico dictaba descender hasta los cuatro metros de profundidad para garantizar que no quedara un solo resto sembrado en la impunidad; sin embargo, las autoridades pretendieron dar el carpetazo al llegar apenas a los tres metros con tres centímetros, acusan colectivos. ¿Cuál es la prisa por enterrar de nuevo la verdad?
Preservación cultural vs crueldad
La delgada línea entre la preservación cultural y la crueldad explícita volvió a romperse de forma trágica. Las impactantes imágenes difundidas en redes sociales sobre la muerte de un caballo durante las fiestas patronales de la comunidad de Panchimalco, en Jojutla, no representan un simple accidente de espectáculos rurales. El equino fue embestido y destripado de manera brutal por un toro en una modalidad de jaripeo conocida popularmente como "capa y lazo". El evento, que incluso ha recibido el sombrío apodo local de "mata caballos", expuso ante los ojos del público la agonía insoportable de un ser sintiente que perdió la vida minutos después del ataque, sin recibir el auxilio oportuno. Este lamentable hecho despertó una justificada ola de indignación ciudadana que escaló con rapidez hacia las esferas gubernamentales. Tras las denuncias y el repudio generalizado, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem), en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado, inició las diligencias correspondientes para investigar el caso y deslindar responsabilidades legales. Como reacción inmediata, el alcalde de Jojutla, Alan Martínez García, condenó públicamente el suceso y anunció la prohibición definitiva de los eventos de "capa y lazo" durante lo que resta de su administración…. ¿Habrá una ley al respecto?









