• UAEM, opacidad y nuevo rescate

En términos financieros y de uso racional de los recursos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) parece haber perdido la brújula desde hace varias administraciones rectorales, y la actual gestión no escapa a esa inercia. La rectora Viridiana León Hernández ha reconocido que la máxima casa de estudios de Morelos requiere una ampliación de entre 270 y 300 millones de pesos para cerrar el ejercicio fiscal de 2026, principalmente para cumplir con salarios y prestaciones de fin de año. El dato, por sí mismo, no sólo revela una presión presupuestal coyuntural: exhibe la normalización de una crisis que año tras año se administra como emergencia, sin que hasta ahora se observe una corrección estructural de fondo.
De acuerdo con información difundida recientemente, la UAEM recibió incrementos presupuestales limitados: 1.18 por ciento en la aportación federal y 3.5 por ciento en la estatal, cifras que resultan insuficientes frente a la inflación y al crecimiento operativo de la institución. La propia rectoría ha señalado que cerca del 95 por ciento del presupuesto se destina al capítulo 1000, es decir, al pago de sueldos y salarios, lo que deja un margen mínimo para infraestructura, mantenimiento, equipamiento, expansión académica y atención de necesidades estudiantiles. Cuando una universidad pública consume prácticamente todo su presupuesto en nómina, el problema ya no puede explicarse sólo como falta de dinero: también debe analizarse como un modelo administrativo agotado.
El argumento de la rectoría apunta a un déficit histórico que se arrastra desde al menos 2016, año en que la matrícula se duplicó sin que el presupuesto creciera en la misma proporción. Esa explicación es relevante y no debe desestimarse: una universidad que amplía cobertura sin financiamiento suficiente termina castigando la calidad educativa, los servicios, los laboratorios, las bibliotecas y la capacidad de abrir nuevos espacios en carreras de alta demanda. Sin embargo, aceptar ese diagnóstico no exime a las autoridades universitarias de rendir cuentas con mayor claridad sobre el tamaño real de la plantilla laboral, los pasivos acumulados, los criterios de gasto, los privilegios administrativos y los compromisos financieros heredados.
La institución arrastra además una deuda histórica estimada en alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, de la cual la administración actual afirma haber cubierto una parte importante. Ese dato permite matizar la crítica: no todo el deterioro financiero nació con la actual rectoría. Pero también obliga a formular una pregunta incómoda: ¿cuántas administraciones más podrán seguir justificando el presente con las deudas del pasado? La responsabilidad institucional no consiste únicamente en gestionar recursos extraordinarios cada cierre de año, sino en construir un esquema presupuestal verificable, transparente y sostenible, capaz de romper la dependencia permanente de rescates públicos.
El problema de fondo es que la UAEM se ha convertido en una institución indispensable para Morelos, pero financieramente vulnerable. Su papel social es incuestionable: forma profesionistas, sostiene investigación, abre oportunidades a miles de jóvenes y representa uno de los pocos espacios de movilidad social en la entidad. Precisamente por eso resulta inadmisible que su estabilidad dependa, año con año, de negociaciones de última hora. La educación superior pública merece financiamiento suficiente, sí; pero también exige controles internos, planeación rigurosa, austeridad comprobable y una revisión seria de las decisiones que llevaron a que casi todo el presupuesto se consuma en gasto corriente.
La petición de 300 millones de pesos no debe analizarse como un simple trámite presupuestal ni como una confrontación entre la universidad y los poderes públicos. Debe verse como una señal de alarma sobre la fragilidad de un sistema universitario que ha crecido sin una arquitectura financiera proporcional. Si el Congreso local, el Gobierno estatal y la Federación deciden apoyar a la UAEM, el respaldo tendría que condicionarse, y aplicar mayor rigor en su cumplimiento, a compromisos públicos de saneamiento, indicadores de eficiencia, auditorías comprensibles para la ciudadanía y un calendario claro para reducir la dependencia de ampliaciones extraordinarias.
La universidad no puede seguir presentándose sólo como víctima de la insuficiencia presupuestal, ni los gobiernos pueden lavarse las manos ante una institución que cumple una función pública esencial. La crisis de la UAEM exige una crítica en dos direcciones: hacia las autoridades externas que no han garantizado un financiamiento acorde con la expansión de la matrícula, y hacia las administraciones universitarias que durante años permitieron que el desorden, la deuda y la opacidad erosionaran su viabilidad. Defender a la universidad pública implica exigirle más, no menos: más transparencia, más disciplina financiera y más responsabilidad ante la sociedad que la sostiene, a ver…