El silencio también gobierna

El crimen organizado entendió hace mucho tiempo algo que muchas democracias todavía intentan aceptar lentamente, resulta más rentable acercarse al poder que enfrentarse directamente a él.
Y ese fenómeno no pertenece solamente a México.
Ha ocurrido en Colombia, Italia, Brasil, Estados Unidos y prácticamente en cualquier país donde las organizaciones criminales descubren que influir en gobiernos locales, financiar campañas, construir relaciones políticas o infiltrar estructuras públicas puede resultar más útil que vivir permanentemente en confrontación abierta con el Estado.
Eso no debería sorprender a nadie, el poder siempre atrae intereses. Lo verdaderamente importante es cómo reaccionan los gobiernos frente al problema, porque ahí suele encontrarse la diferencia entre un Estado fuerte y uno débil. No en la ausencia absoluta de riesgos, sino en la capacidad de reconocerlos, enfrentarlos y contenerlos antes de que se normalicen.
Y quizá esa sea una de las partes más delicadas del momento actual.
Durante años, demasiados temas relacionados con infiltración criminal fueron reducidos a rumores, grilla partidista o discusiones incómodas que muchos preferían evitar, lo sencillo casi siempre ha sido negar, minimizar o fingir que nada ocurre.
Por eso resulta políticamente relevante cuando un gobierno decide asumir públicamente el costo de reconocer riesgos reales, en lugar de esconderlos bajo el discurso cómodo de que todo está bajo control.
Reconocer el problema no lo resuelve, pero negarlo casi siempre lo empeora.
México comenzó a convivir peligrosamente con escenas que hace algunos años habrían provocado una crisis nacional mucho más profunda, Alcaldes detenidos, policías infiltradas, campañas bajo sospecha y estructuras locales vulnerables dejaron de sorprender completamente a una parte de la sociedad.
Y eso quizá sea lo más preocupante, la normalización.
Porque el problema no empieza cuando el crimen aparece, empieza cuando deja de incomodar.
Una democracia puede sobrevivir a malos gobiernos, errores administrativos e incluso crisis políticas, lo que difícilmente sobrevive es a la pérdida gradual de confianza en la autoridad legítima.
Cuando la ciudadanía comienza a dudar de quién manda realmente, el desgaste ya no es solamente político, empieza a ser institucional.
Por eso reducir toda discusión sobre infiltración criminal a una pelea entre partidos sería profundamente irresponsable, el crimen no entiende de ideologías, entiende de debilidades.
Busca municipios frágiles, policías abandonadas, estructuras vulnerables y sistemas políticos donde el cálculo electoral pesa más que la fortaleza institucional.
Y justamente por eso hace falta menos estridencia y mucha más seriedad.
Porque la seguridad pública no se construye desde discursos espectaculares ni desde negaciones cómodas. Se construye fortaleciendo gobiernos capaces de resistir presión política, económica y criminal.
Tal vez ahí se encuentre una de las discusiones más importantes de los próximos años, no solamente quién gobierna, sino qué tan fuerte sigue siendo el Estado frente a quienes intentan ocupar silenciosamente espacios de poder.
#QuéCosa!