Estados Unidos da un paso más

Hace ya varios meses, el gobierno de Estados Unidos, de manera independiente, le tendió una trampa al delincuente Ismael “El Mayo” Zambada. De forma autónoma, logró subirlo a un avión que aterrizó en suelo estadounidense y, a partir de ese momento, una ola de violencia ha iniciado en Sinaloa que simplemente parece no tener final.

Trump, por su parte, ha hecho del narcotráfico que ocurre en territorio mexicano un enemigo público, al cual señala para justificar sus propias faltas. En su gobierno los ha declarado “organizaciones terroristas” y ha coqueteado con la posibilidad de intervenir nuestro territorio con el argumento de acabar con la amenaza.

En México, el narcotráfico es un problema inmenso, porque se le ha permitido sentarse en la mesa del poder y porque la amenaza de que nuestro vecino del norte intervenga va en contra de la retórica del gobierno en turno. Además, una posible intervención sería negativa, porque un principio de la política es que, cuando tropas extranjeras entran para ayudar, no suelen salir.

Entre las múltiples amenazas de Trump, el gobierno mexicano había encontrado cierta calma en la distracción del gobierno estadounidense en otras crisis, como la de Medio Oriente. Sin embargo, algunos días después de la muerte de dos agentes de la CIA en territorio mexicano, y de que ese gobierno expresara de manera pública su descontento con el hecho, una bomba fue lanzada.

Minutos después de haber iniciado las últimas sesiones de este periodo legislativo, se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos hizo una acusación formal en contra del gobernador actual de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos acuerdos con grupos delictivos que operan en su estado. Además, la denuncia se extendió a otros nueve funcionarios, entre ellos un senador.

La denuncia solicitaba que el gobernador fuera arrestado y extraditado a territorio estadounidense. Si bien es cierto que Estados Unidos ha detenido a funcionarios mexicanos de alto perfil en su territorio, como por ejemplo Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, la acusación en contra de un alto funcionario en funciones es un paso más que el gobierno estadounidense da en la agresividad con la que ha tratado el tema.

El gobierno de México ha tomado con dificultad la acusación de Estados Unidos. La Presidencia ha dicho que va a investigar, pero ha subrayado la importancia de contar con pruebas. Un temor inicial podría ser que nuevas denuncias empiecen a surgir en contra de otros funcionarios de alto nivel, provocando movimientos no deseados por la Presidencia.

Pero el mayor temor es que Estados Unidos pueda tomar acciones para entrar por el gobernador o alguno de sus funcionarios y sacarlo del territorio. Eso significaría un nuevo entendimiento en una relación ya fracturada entre México y Estados Unidos.

Yo no tengo las pruebas para afirmar que Rubén Rocha Moya haya cometido actos que ameriten hoy su encarcelamiento. Sin embargo, recuerdo aquel momento en que, teniendo un estado en llamas, buscó en diputados de Morena apoyo y aprobación.

Con los niveles de violencia que vive su estado, su desempeño para garantizar la paz de los sinaloenses ha sido, cuando menos, insuficiente. Y creo, sin duda, que esta acusación es el inicio de un problema muy grande: el involucramiento del gobierno actual, en distintos niveles, con el narcotráfico.

Hoy, la Presidenta tiene frente a sí una oportunidad que, si bien provocará un sangrado importante, podría ser el paso necesario para que este país camine hacia una paz verdadera. Esa decisión implicaría, verdaderamente, apostar por la justicia.