Ya aprobada, hagamos un análisis completo

En política, pocas cosas son tan importantes como entender el contexto. Las decisiones públicas no surgen en el vacío, y mucho menos cuando se trata de una reforma electoral. Lo que hoy vemos como un intento fallido de transformación es, en realidad, el resultado de una cadena de tensiones, cálculos políticos y oportunidades desaprovechadas.

El origen del debate actual puede rastrearse al conflicto entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE). Lo que comenzó como diferencias institucionales terminó escalando a descalificaciones y, posteriormente, a un intento de reforma constitucional que no prosperó. Aquel primer esfuerzo derivó en el llamado “Plan B”, una propuesta que ya mostraba una tendencia preocupante: más motivada por el desgaste político que por un rediseño técnico del sistema electoral.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, muchos esperaban una oportunidad para replantear la reforma con mayor apertura. Sin embargo, las tensiones persistieron. La organización de la primera elección judicial evidenció problemas logísticos, baja participación y críticas al uso de mecanismos cuestionables. En lugar de abrir un diálogo constructivo, el desencuentro entre el gobierno y el INE se profundizó.

La creación de una comisión presidencial para escuchar a la ciudadanía parecía, en principio, una señal positiva. Y aunque sería ingenuo pensar que una reforma de tal magnitud nacería exclusivamente de estos ejercicios, lo cierto es que las audiencias públicas sí representaron un avance en términos de participación. En ellas se discutieron temas relevantes: el voto de los mexicanos en el extranjero, el fortalecimiento de autoridades locales, las candidaturas independientes y la necesidad de mejorar la fiscalización.

No obstante, mientras en el discurso se hablaba de apertura, en la práctica la política seguía su curso tradicional. Las negociaciones reales no estaban en las audiencias, sino en los pasillos del poder. Y ahí surgió el principal obstáculo: los aliados del oficialismo. Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde dejaron claro desde el inicio que no estaban dispuestos a respaldar cambios que afectaran sus recursos o su representación legislativa.

La reforma propuesta tenía elementos interesantes. Apostaba por la austeridad, planteaba la eliminación de legisladores plurinominales y buscaba fortalecer la fiscalización. Era, en muchos sentidos, un proyecto moderado. Sin embargo, tocaba intereses fundamentales de los partidos aliados, y esa fue su sentencia.

La negativa de negociar por parte del Ejecutivo terminó por sellar el destino de la iniciativa. Presentar una reforma sin construir previamente las condiciones para su aprobación no es un acto de firmeza política, sino una apuesta condenada al fracaso. Como era previsible, la reforma fue rechazada.

Lo que siguió fue aún más revelador. El llamado “Plan B”, que en un inicio se perfilaba como un conjunto de ajustes secundarios, terminó convirtiéndose en una versión reducida, superficial y, en muchos aspectos, contradictoria de la propuesta original. A cambio del respaldo legislativo, se preservaron los intereses de los aliados, diluyendo cualquier intento de transformación de fondo.

El resultado fue un proceso que dejó más dudas que certezas. Técnicamente imperfecto y políticamente dividido, el desenlace no puede considerarse una victoria. Pero tampoco fue una derrota absoluta. Fue, en todo caso, una victoria a medias.

Lo más preocupante es que México perdió una oportunidad valiosa. La discusión sobre cómo fortalecer nuestra democracia quedó relegada por cálculos inmediatos. Temas como las elecciones primarias, la participación ciudadana efectiva o una fiscalización más robusta siguen pendientes.

La lección es clara: ninguna reforma electoral puede prosperar sin diálogo real. No basta con tener la iniciativa ni con apelar al respaldo popular. La política, en su esencia, es negociación. Y cuando esta se evade, los resultados suelen ser incompletos.

Hoy, más que nunca, la responsabilidad también recae en la ciudadanía. No podemos limitarnos a observar estos procesos desde la distancia. Es necesario involucrarnos, exigir mejores resultados y rechazar las simulaciones. La democracia no se construye únicamente desde el poder, sino también desde la participación activa de la sociedad.

Si algo deja este episodio es una conclusión contundente: en México, la transformación electoral sigue siendo una tarea pendiente. Y mientras no exista voluntad para dialogar y construir acuerdos reales, cualquier intento de reforma seguirá corriendo el riesgo de quedarse, como este, a medio camino.