En Morelos, la violencia ya no irrumpe: se instala. Se vuelve rutina. Se normaliza. Y cuando eso ocurre dentro de una universidad, lo que está en crisis no es solo la seguridad: es el sentido mismo de lo público.
Lo que hoy ocurre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no admite matices ni eufemismos. En menos de una semana, dos mujeres estudiantes fueron reportadas como desaparecidas; días después, sus cuerpos fueron localizados sin vida. Dos historias truncadas. Dos familias rotas. Y una comunidad entera atravesada por el miedo.
No son casos aislados. No son coincidencias. Son el reflejo de un entorno que ha dejado de garantizar lo mínimo: la vida.
Morelos arrastra desde hace años una crisis de violencia que se expresa con particular crudeza contra las mujeres. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado se ha mantenido de manera recurrente entre las entidades con mayores tasas de feminicidio por cada 100 mil mujeres. A ello se suma un patrón sostenido de desapariciones, especialmente de jóvenes. Es decir: lo que pasó en la universidad no empezó ahí, pero ahí se volvió imposible de ignorar.
Y sin embargo, lo verdaderamente alarmante no es solo lo que ocurre, sino lo que no ocurre después.
Las respuestas institucionales han sido, en el mejor de los casos, insuficientes. Comunicados tibios. Protocolos que existen en el papel pero no en la realidad. Reacciones tardías que llegan cuando ya no hay nada que prevenir. Mientras tanto, la comunidad universitaria (particularmente las mujeres) sigue transitando entre aulas, pasillos y rutas de transporte con miedo.
La contradicción es brutal: la propia universidad oferta una licenciatura en Seguridad Ciudadana, forma profesionales en la materia, produce discurso académico sobre prevención… pero no logra garantizar condiciones básicas de seguridad dentro y en los alrededores de sus propios espacios. ¿Qué credibilidad puede sostener una institución que no puede proteger a quienes forma?
Pero reducir esto a una falla universitaria sería, también, un error.
La responsabilidad es compartida y, sobre todo, es ineludible. El Estado en todos sus niveles, ha fallado en su obligación más elemental: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y cuando falla en una universidad, falla en uno de los últimos espacios que deberían permanecer a salvo de la violencia estructural.
Porque una universidad no es cualquier espacio público. Es, o debería ser, un territorio de libertad, pensamiento crítico y construcción de futuro. Permitir que el miedo se instale ahí es aceptar que la violencia ya no tiene límites.
Esto nos compete a todas y a todos. No importa si se es o no estudiante, si se pertenece o no a la comunidad universitaria. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que estamos dispuestos a ser: una que reacciona solo cuando la tragedia estalla, o una que exige condiciones dignas antes de que sea demasiado tarde.
Hoy, en Morelos, estudiar también implica un riesgo. Y eso, en sí mismo, es inaceptable.
No basta con indignarse. No basta con lamentar. Se requiere acción: protocolos reales, coordinación efectiva entre universidad y autoridades, transporte seguro, iluminación, vigilancia, acompañamiento, prevención. Se requiere, sobre todo, voluntad política.
Porque si la violencia logra instalarse en una universidad sin consecuencias, entonces ya no hay espacio que pueda asumirse verdaderamente seguro.
Y lo que está en juego no es menor: es la vida.
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