Llegó 2026 y, con él, un escenario que durante años se percibía lejano, pero que siempre estuvo cargado de incertidumbre: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este proceso, previsto desde la firma del acuerdo, no es menor; puede traducirse en ajustes que impacten directamente en la economía mexicana.
Estados Unidos es el principal socio comercial de México. La intensa dinámica de intercambio de bienes y servicios entre ambos países ha convertido a su frontera en una de las más activas del mundo. Por ello, los acuerdos que regulan este intercambio —definiendo reglas, condiciones y aranceles— resultan fundamentales para la estabilidad económica de la región.
Durante décadas, miles de empresas han logrado expandirse y generar empleos gracias a este marco comercial, primero bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hoy mediante el T-MEC. Para millones de personas, su empleo o fuente de ingresos depende directa o indirectamente de esta relación económica.
Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado que los cambios en las reglas del comercio pueden tener efectos inmediatos. Las políticas impulsadas por Donald Trump evidenciaron que la imposición de aranceles puede encarecer productos, afectar cadenas de suministro y poner en riesgo empleos e inversiones. En ese contexto, la revisión del tratado genera inquietud.
Ahora bien, es importante entender que este proceso no responde a decisiones improvisadas ni a voluntades individuales. La revisión de 2026 fue establecida desde la renegociación del acuerdo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de actualizarlo conforme a los cambios del entorno global. Temas que hoy son centrales, como la inteligencia artificial o las nuevas dinámicas digitales, en aquel momento, no formaban parte del debate.
El verdadero desafío radica en que, durante esta revisión, podrían plantearse modificaciones que resulten desfavorables para México. Una economía profundamente vinculada al comercio exterior, como la nuestra, es especialmente sensible a cambios en aranceles o a reglas más estrictas para exportar e importar.
No obstante, sería un error asumir que este proceso implica, por sí mismo, un riesgo de ruptura. La revisión es parte del diseño institucional del tratado. En caso de no alcanzarse acuerdos, el mecanismo prevé la continuación del diálogo en años posteriores, y no será sino hasta 2036 cuando se enfrente la disyuntiva de renovar o concluir definitivamente el acuerdo.
México, por tanto, no debe negociar desde la urgencia ni desde la incertidumbre, sino desde la estrategia. Se requiere inteligencia, firmeza y visión de largo plazo para garantizar que los resultados beneficien no solo a los indicadores macroeconómicos, sino también a la empresa, al campesino, al obrero y al trabajador mexicano.
P.D. Agradezco al Doctor Juan Carlos Baker Pineda, cuyas reflexiones fueron fundamentales para la elaboración de este artículo.














