Durante mucho tiempo se ha asumido que la verdad terminaría imponiéndose por su propio peso, sin embargo, en la cotidiana no siempre se sigue esta lógica, no necesariamente gana quien tiene razón, sino quien logra contar la historia más convincente.
Bajo este supuesto la política se ha convertido constantemente en una construcción narrativa, en donde los gobiernos, los partidos y los liderazgos no solo administran decisiones, sino también significados. En donde frente a una misma realidad, pueden coexistir versiones completamente distintas, cada una sostenida por su propio entramado de explicaciones.
De este modo, la percepción termina desplazando a la realidad, seleccionando cuidadosamente qué se muestra, qué se omite y cómo se conecta, por lo que en estas circunstancias el lenguaje cobra especial relevancia pues las palabras no son neutrales.
No es lo mismo hablar de “reforma” que de “retroceso”, de “apoyos” que de “subsidios”, de “seguridad” que de “control”, cada término delimita el marco desde el cual se interpreta un hecho. En consecuencia, quien logra imponer su vocabulario también establece los límites del debate. Pues lo que se nombra de cierta manera se piensa de cierta manera.
Sin embargo, hay un punto en el que esta lógica da un paso más allá, no se trata únicamente de contar una historia ni de elegir cuidadosamente las palabras, sino de intervenir directamente en la percepción de la realidad. Es aquí donde aparece el gaslighting político.
El término, originalmente se asocia a dinámicas psicológicas como una forma de manipulación en la que se busca que una persona dude de su propia percepción, esto trasladado al ámbito político se observa cuando se niegan hechos probados o cuando se desacredita a quienes cuestionan la versión oficial, no solo se está defendiendo una postura, se está sembrando una duda, especialmente cuando se hace masivamente a través de los medios de comunicación.














