La reforma electoral propuesta por la Presidenta de la República fue una extraordinaria oportunidad para medir el compromiso de los aliados. Era una reforma que pretendía dejar de lado privilegios y canonjías que tienen los partidos políticos más allá de verdaderas necesidades como institutos públicos con un fin determinado.
La reforma mencionada no obtuvo la mayoría calificada para poder ser aprobada, los votos en contra del PT y del Partido Verde fueron decisivos para su no aprobación. La única diputada de Morelos que votó en contra fue la diputada del partido Verde, Cindy Winkler Trujillo, que al parecer es una diputada sin formación política y responde a los intereses particulares del partido que la postuló, como muchos de los diputados que hoy conforman la LXVI Legislatura Federal.
Estos partidos no estuvieron de acuerdo en que se redujera el presupuesto asignado a los partidos políticos cada 3 años. Esto es así porque las burocracias partidistas se han anquilosado al pasar de los años y disminuir el presupuesto asignado tendría un costo en el bolsillo de las dirigencias de los partidos políticos. También era evidente que nunca estuvieron de acuerdo en perder los espacios plurinominales porque significaba dejar fuera la posibilidad de ser representante popular a quienes se la pasan saltando de cámara en cámara, de la federal a la local o del Senado a la cámara de diputados y eso representa una ofensa para quienes por años se han servido de ese privilegio, sin más mérito que ser dirigente partidista. Esto demuestra que la coalición gobernante no es homogénea y que su acuerdo es solo coyuntural y no ideológico, además de que deja en claro que existen intereses particulares y pragmáticos que limitan un proyecto transformador.
El papel de la fuerza opositora, es decir, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, fue defender un sistema electoral que históricamente les ha garantizado tener espacios de poder y evitar una redistribución que pudiera favorecer a fuerzas con mayor base social popular, es decir, a Morena. Es evidente que el papel de la oposición es evitar a toda costa resistir y mantener lo poco que aún conservan y, si para ello tienen que votar en contrasentido de lo que los ciudadanos opinan, así lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. Esa es su verdadera naturaleza.
Aunque la reforma enfatizaba en reducir costos generados por el gasto de los partidos políticos y la carga de las elecciones constitucionales, el debate es en torno a quién controla el acceso al poder político, cómo se distribuyen los espacios plurinominales y quién los asigna. Esas incógnitas quedan en el aire en tanto no se entre al fondo de la discusión.
Ante la negativa de aprobación de la reforma, el sistema electoral mexicano sigue siendo muy caro y parcialmente capturado por élites partidistas, que son quienes deciden candidaturas plurinominales y uninominales, además de todo lo relativo a las finanzas partidistas. Este rechazo demuestra un problema profundo y evidente, una reforma desde arriba tiene límites si ésta no viene acompañada de una verdadera organización social, la movilización popular y la construcción del poder desde abajo. Sin eso, incluso este gobierno con toda la legitimidad electoral enfrenta un bloqueo estructural.
El rechazo de la reforma electoral no es simplemente una derrota legislativa, significa una muestra de que el poder en México sigue siendo la disputa entre élites políticas, incluso dentro del campo progresista. No basta con ganar elecciones; es necesario construir hegemonía política real, no solo acuerdos coyunturales, una señal inequívoca de que la transformación real requiere de algo más que mayorías electorales, requiere cambiar las reglas del juego y la construcción de una base social para la toma del poder.
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