Representantes populares sin derecho a defender a quienes representan. Criterios obsoletos del Poder Judicial en México

   "La justicia no será servida hasta que aquellos que no están afectados estén tan indignados como los que sí lo están."

Benjamin Franklin

Imagina que contratas a un defensor para proteger tus derechos, pero el sistema le prohíbe actuar legalmente cuando ve que te están robando. Le dicen: "Puedes gritar y votar en contra, pero no puedes llamar a la policía". Por absurdo que suene, esa es la realidad jurídica de nuestros representantes populares —regidores, diputados y senadores— frente al Juicio de Amparo.

Es vital corregir un error conceptual elemental que los tribunales siguen repitiendo: el representante popular, en lo individual, no es autoridad. La autoridad reside única y exclusivamente en el cuerpo colegiado —el Ayuntamiento, el Congreso o el Senado— cuando actúa en conjunto. El regidor o legislador es un integrante, una pieza del engranaje, pero no es la maquinaria. Por sí solo, no puede ejecutar actos de gobierno; es un mandatario de la ciudadanía con voz y voto, nada más.

La interpretación judicial actual ignora esta distinción básica y comete un grave error de lógica. Al equiparar erróneamente al individuo con la institución, los jueces asumen que si un diputado demanda al Congreso, se está "demandando a sí mismo". Nada más falso. El representante es un agente de la sociedad inserto en un órgano de poder; si ese órgano colectivo —que es la verdadera autoridad— viola la Constitución, el integrante debe tener la libertad de señalarlo y combatirlo legalmente, pues él no es el dueño del acto autoritario, sino su contrapeso.

Esta confusión procesal valida la "tiranía de la mayoría". Si la representación popular no incluye la herramienta legal para acudir ante un juez federal a detener la arbitrariedad de la aplanadora legislativa o municipal, no estamos ante un verdadero Estado de Derecho. Estamos ante una simulación donde el disenso político se vuelve irrelevante frente a la ilegalidad.

No hace falta cambiar la Constitución, basta con leerla sin prejuicios. El Poder Judicial debe reconocer que el mandato popular otorga un Interés Legítimo cualificado. Un representante que ve violada la Carta Magna en perjuicio de sus representados tiene el deber, y debería tener el derecho, de restaurar el orden legal en tribunales.

Es momento de que la Suprema Corte evolucione y abandone criterios obsoletos. Permitir que diputados, senadores y regidores acudan al amparo no es "politizar la justicia", es judicializar la defensa de los derechos ciudadanos. Necesitamos representantes con dientes jurídicos, no figuras decorativas. Solo así, la curul o el escaño servirán verdaderamente para proteger al pueblo.