Se trata de poder y dinero

No se había presentado aún la reforma electoral y, los partidos aliados, ya estaban públicamente en contra. Hoy, antes incluso de que el llamado “Plan B” sea presentado, están públicamente a favor. ¿Qué cambió? El trato al dinero y al poder.

Quizá acostumbrado al uso aplastante de la mayoría que Morena ha ejercido en los últimos años, yo esperaba un desenlace distinto para la reforma constitucional en materia electoral que la Presidenta propuso ante el Congreso. Imaginaba que quizá habría un reencuentro en la sesión y que finalmente se votaría para que, por lo menos, la reforma pasara al Senado.

Varias personas conocedoras de la política me insistían en que la reforma había nacido con una herida de muerte. Pero a mí no se me olvidan los carteles que fueron colgados con los rostros de diputados de la oposición, llamándolos traidores; ni las agresivas operaciones políticas en contra de los Yunes para lograr que la reforma fuera aprobada. Y, sinceramente, después de haber leído el proyecto y considerar que era relativamente moderado, yo veía luz al final del camino.

Pero al final los partidos aliados cumplieron su palabra y la reforma no alcanzó a ver la luz ni siquiera en la cámara de origen. En su discurso, el coordinador del PT explicó de manera vaga que su partido es resultado de luchas históricas, como la implementación de los plurinominales en 1977; y que por ello, a pesar de estar a favor de la Presidenta, no podían apoyar una reforma que avanzaría hacia un partido hegemónico. Algo similar hizo el coordinador del Partido Verde.

Si bien ese argumento podría pasar por válido, quiero decir con humildad que algunos años observando la política me han permitido distinguir entre aquello que es genuino y aquello que es espectáculo. Esos argumentos fueron parte de un espectáculo montado para justificar la extraña actitud de ir en contra de la figura presidencial.

Mi teoría se confirma cuando, días después de la derrota para la Presidenta en el Congreso, los líderes de los partidos satélite dicen que apoyarán el “Plan B”, incluso cuando este todavía no ha sido redactado. No importa que aún no exista un documento: lo que existe es un acuerdo en el que el Ejecutivo se compromete a no tocar el presupuesto de los partidos ni las diputaciones plurinominales o senadurías de lista.

El “Plan B”, según ha sido narrado por la Presidenta, se enfocará en la reducción de los costos de la democracia y en fomentar la participación ciudadana. Es decir, se reducirá el dinero que reciben los diputados locales y el número de regidores, con el objetivo de que el dinero ahorrado vaya a obra pública. Suena bien, pero es una falacia: el dinero que se ahorraría representa apenas un pequeño porcentaje del presupuesto nacional. Del mismo modo, la desaparición de órganos constitucionalmente autónomos parece más el cumplimiento de una agenda personal disfrazada de austeridad republicana.

El apoyo incondicional que los partidos han prometido ahora que la reforma no tocará su presupuesto ni sus lugares en el Congreso de la Unión es la prueba más clara de que no están interesados en la democracia ni en las luchas históricas de los ciudadanos. Están interesados en que no se toque, ni con el pétalo de una rosa, su poder ni su dinero.

Claramente se deduce que de hacerlo, estarían dispuestos incluso a ir en contra de la propia Presidenta.