• UAEM; plan de seguridad

Es una lástima que el plan de seguridad universitaria del gobierno del estado para la Universidad Autónoma Estatal (UAEM) se haya lanzado recién ahora y en el marco de la crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesa la institución. Aunque es necesario reconocer que debe hacerse algo contundente para comenzar a revertir la situación, resulta evidente que la respuesta ha sido tardía y reactiva, lo cual pone en duda la capacidad de anticipación y prevención de las autoridades estatales y universitarias.

La implementación de medidas de seguridad en este contexto parece más una reacción ante la presión social y mediática que una estrategia planificada, y es fundamental que las políticas de seguridad no sólo sean emergentes, sino que se construyan con visión de largo plazo, involucrando a toda la comunidad universitaria y a expertos en temas de prevención de delitos, derechos humanos y educación.

Por otro lado, la urgencia de atender las denuncias sobre la probable infiltración de grupos delictivos en la universidad, vinculados a delitos graves como acoso sexual, trata de personas y venta de sustancias ilícitas, es innegable. Estas actividades, que han sido presuntamente permitidas o toleradas por autoridades de la máxima casa de estudios, requieren investigaciones profundas, transparentes y autónomas, que garanticen justicia y sanción para los responsables, así como protección para las víctimas.

Para revertir la situación, sería también importante la creación de una comisión independiente de investigación: Integrada por representantes de la sociedad civil, expertos en seguridad, académicos y estudiantes, para revisar las denuncias y garantizar transparencia en los procesos, así como establecer programas de prevención y atención a víctimas, a través de  protocolos claros y eficaces para la atención de casos de acoso, trata y consumo de sustancias ilícitas, con acompañamiento psicológico y legal.

Asimismo, es necesario fortalecer la vigilancia interna: Capacitar al personal de seguridad, instalar cámaras y promover la denuncia anónima, sin represalias. No se olvide que una de las demandas de los estudiantes pesa sobre la empresa que ahora persiste a contrato de la rectoría y de la que se ha pedido su cambio ante señalamientos de haberse constituido en un negocio personal, que privilegia intereses personales por sobre los colectivos.

De igual forma, se hace urgente implementar campañas de sensibilización y educación: Impulsar talleres, conferencias y materiales informativos sobre violencia, derechos humanos y prevención del delito; así como establecer una colaboración con autoridades externas, trabajando de la mano con la Fiscalía y organismos de derechos humanos para garantizar que los casos sean investigados y sancionados conforme a la ley.

Además, el anuncio del gobierno del estado, aunque ayuda a disminuir momentáneamente la tensión y el malestar del estudiantado hacia las autoridades universitarias y, en particular, hacia la rectora Viridiana León, no logra resolver de fondo el conflicto. La realidad es que las demandas y preocupaciones de la comunidad estudiantil superan por mucho la simple intención de llegar a un acuerdo para reanudar las actividades académicas. Mientras la rectora se pronuncia públicamente por el diálogo, la democracia y el respeto, ofreciendo la apertura para escuchar a todos los sectores, los estudiantes mantienen una postura firme y exigen su renuncia como condición indispensable para avanzar en las negociaciones.

Esta situación evidencia una profunda crisis de confianza entre las autoridades y la comunidad universitaria, donde las palabras y promesas resultan insuficientes frente a los hechos y denuncias que han salido a la luz. El clima de desconfianza se ve reforzado por la percepción de que las respuestas han sido tardías y reactivas frente a los dos últimos homicidios de las estudiantes Kimberly y Karol, y por la falta de resultados concretos en materia de seguridad, justicia y atención a las víctimas. Por ello, el simple anuncio de nuevas políticas o la oferta de diálogo ya no bastan para calmar el sentir estudiantil, que reclama acciones contundentes, transparencia y rendición de cuentas.

En este contexto, la exigencia de dimisión de la rectora no solo responde a la coyuntura actual, sino que representa el hartazgo acumulado ante la falta de respuestas efectivas y la permisividad institucional frente a situaciones graves como acoso, violencia y presunta infiltración de grupos delictivos. La solución al conflicto no se limitará a acuerdos superficiales, sino que requerirá un cambio profundo en la gestión universitaria, la apertura de procesos de investigación autónomos y la construcción de espacios reales de participación y decisión para toda la comunidad universitaria. Solo así podrá avanzarse hacia la reconstrucción de la confianza y la recuperación de un ambiente seguro y digno para el desarrollo académico y personal de los estudiantes.

En conclusión, la crisis de seguridad en la UAEM exige respuestas firmes y coordinadas, pero también una autocrítica profunda sobre la falta de prevención y el papel de las autoridades. Sólo a través de la transparencia, la participación activa de la comunidad y la implementación de políticas integrales se podrá recuperar la confianza y garantizar un entorno seguro para todos los miembros de la comunidad universitaria, a ver…