Durante los últimos días, el estado de Morelos ha sido escenario de manifestaciones protagonizadas por las y los estudiantes universitarios. Esto a raíz de la indignación provocada por los recientes feminicidios de jóvenes universitarias, lo que ha generado marchas y pronunciamientos en distintos espacios públicos; esto no solo refleja el dolor y exigencia de justicia de la comunidad estudiantil, sino que también pone a prueba la capacidad de las instituciones universitarias y estatales para garantizar la seguridad y responder con eficacia ante hechos que conmocionan profundamente a la sociedad morelense.
En este contexto, las y los estudiantes han decidido llevar su indignación al espacio público. Con ello, honran la memoria de quienes perdieron la vida, y exigen condiciones de seguridad para continuar con su vida universitaria; las protestas, en este sentido, se convierten en una forma que busca llamar la atención sobre una realidad que para muchos jóvenes resulta ya intolerable.
El movimiento estudiantil ha evidenciado la respuesta institucional frente a estas movilizaciones. Un ejemplo de ello es la reciente publicación, a setenta y dos horas del ocho de marzo, de un protocolo de actuación policial para manifestaciones en el estado, el cual pone sobre la mesa el tema de la legalidad y la legitimidad. El cual dicho sea de paso tiene importantes vicios de inconstitucionalidad e inconvencionalidad en terminos de lo que establecen los articulos 1 y 133 del Pacto Federal.
Por un lado, el Estado tiene la obligación de establecer reglas claras para la actuación de sus fuerzas de seguridad y para la gestión del espacio público. Por otro, la sociedad exige que esas reglas no se conviertan en mecanismos que limiten o desincentiven el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Este punto es particularmente sensible cuando las movilizaciones surgen como respuesta a hechos de violencia que afectan directamente a la comunidad estudiantil.
En tales circunstancias, reducir la protesta a un problema de orden público puede resultar no solo insuficiente, sino también profundamente desconectado de la realidad social que la origina.
No olvidemos que la indignación de las y los estudiantes no nace de un simple desacuerdo político, surge del miedo, del dolor y de la incertidumbre de que la violencia puede irrumpir incluso en los espacios que deberían ser más seguros.
Por ello, el desafío para las autoridades no consiste únicamente en aplicar protocolos o administrar la seguridad publica en las calles. También implica escuchar, comprender y atender las demandas que están detrás de las manifestaciones. Cuando las y los estudiantes salen a protestar, lo que está en juego no es solo la ocupación del espacio público durante algunas horas, sino la confianza de toda una generación en las instituciones encargadas de protegerlo.
Como profesor universitario, resulta imposible observar este momento sin una profunda empatía hacia quienes hoy levantan la voz desde las aulas y las calles.
Hablar de una Humanidad Culta, implica libertad y justicia, es reflexionar que las autoridades universitarias, sobre todo, tendrán la empatia de acercarse a la comunidad estudiantil, con amor, paciencia, y prudencia, como una madre amorosa, que entiende el desacuerdo y que llama con su voz, no la violencia con violencia, sino a la libertad, justicia y paz. Tal y como hace varios años, lo reclamó Emiliano Zapata, en el Plan de Ayala.
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