Cada cierto tiempo regresa el debate sobre la marihuana y casi siempre lo hace atrapado en extremos. Hay quien la defiende como si se tratara de una bandera de libertad y hay quien la condena como si su sola mención fuera sinónimo de descomposición social. Entre esas dos posturas suele perderse lo verdaderamente importante. Estamos frente a una discusión de política pública, no de simpatías personales.
Desde 2021 la Suprema Corte dejó claro que la prohibición absoluta del consumo lúdico no tiene sustento constitucional. Eso no equivale a una legalización plena ni a un mercado regulado funcionando en todo el país. Significa que el modelo anterior quedó incompleto y que el Congreso aún no ha terminado de construir reglas claras. México se mueve hoy en un terreno intermedio que más que resolver posterga.
Y cuando el Estado posterga otros ocupan el espacio.
Si la conversación se plantea con seriedad, conviene hablar de los posibles beneficios sin ingenuidad. Un mercado regulado pagaría impuestos, generaría ingresos fiscales y permitiría destinar recursos a prevención y salud pública. Hoy ese dinero circula fuera del sistema. Además, un esquema legal implicaría estándares de calidad, control de concentración y ausencia de contaminantes algo que el mercado clandestino simplemente no garantiza.
También existe un argumento práctico, liberar al sistema de justicia de miles de procesos por posesión simple permitiría concentrar esfuerzos en delitos de mayor impacto.
Pero sería irresponsable omitir los riesgos. La normalización del consumo, especialmente entre jóvenes es una preocupación legítima. Los efectos en salud pública deben atenderse con información y prevención. Y surge la pregunta que no puede evadirse. ¿Tiene el Estado mexicano la capacidad real para supervisar un mercado regulado sin caer en corrupción o simulación?
Algunos sostienen que quitar este negocio a la delincuencia organizada solo provocaría que migre hacia otras actividades ilícitas. Puede ocurrir, el crimen se adapta pero también es cierto que secuestro, extorsión y robo no dependen exclusivamente de la marihuana para existir. El problema no es si el delito muta. El problema es si el Estado renuncia a regular por miedo a esa mutación.
No todos los actores del mercado actual responden al mismo perfil. Hay estructuras criminales, sí, pero también economías informales que podrían transitar a la legalidad bajo reglas claras, pensar que toda regulación equivale a rendición es simplificar un fenómeno complejo.
Regular no es promover, prohibir no es resolver.
La pregunta de fondo es si el modelo actual ha reducido violencia, ha debilitado mercados ilegales y ha ofrecido certeza jurídica. Si la respuesta es negativa, mantener la ambigüedad no es prudencia, es evasión.
México tendrá que decidir si quiere gobernar este fenómeno o seguir administrándolo en la sombra.
#QuéCosa!
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