Hace unos días, servidores públicos acompañados por fuerzas policiales ingresaron a la Secretaría de Educación Pública con el objetivo de remover a Marx Arriaga, director de Materiales Educativos y uno de los principales arquitectos de los nuevos libros de texto distribuidos en las escuelas del país. Aunque el hecho se volvió profundamente mediático, sostengo que no es más que un fragmento de un problema mucho más grande y estructural: la crisis educativa nacional.
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador existió la intención de modificar el sistema educativo. Así como en su momento los gobiernos panistas pusieron énfasis en la enseñanza del inglés y la computación, el proyecto impulsado por Morena buscó centrar la formación en el humanismo y el sentido de comunidad. En la construcción de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, diversos funcionarios, encabezados por la entonces secretaria Leticia Ramírez Amaya, dedicaron esfuerzos sustanciales a la elaboración de nuevos libros de texto gratuitos.
La figura visible de ese proceso fue Arriaga, quien, acompañado de un carácter provocador, un compromiso firme con sus convicciones y una abierta inclinación ideológica, terminó colocando sobre los libros una etiqueta mediática de “comunistas”. A ello se sumaron críticas por errores de forma, deficiencias pedagógicas y una desconexión con la realidad operativa de muchos docentes y planteles educativos.
Sin embargo, más allá del debate ideológico, lo que habría precipitado su salida fue no acatar una línea directa de la actual presidenta de México y mantener cercanía política con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y con figuras como Alejandro Gertz Manero y Adán Augusto López Hernández. Su destitución, aunque relevante en términos políticos, resulta menor frente a la oportunidad que abre para discutir lo verdaderamente urgente: la calidad y el rumbo de la educación en México.
El problema de fondo es más profundo y más antiguo. En un país donde los niños no votan, pero los maestros sí, la atención de los gobiernos —desde hace décadas— ha tendido a convertir al magisterio en una base electoral antes que en el eje de una transformación educativa de calidad. Así se explica el enorme poder que acumuló Elba Esther Gordillo durante años y también la constante politización de las decisiones educativas.
Lo que observamos hoy es también un movimiento de consolidación política desde la Presidencia; un golpe de autoridad frente a quienes no reconocían plenamente el liderazgo actual. Pero aun siendo significativo en términos de poder, no resuelve el rezago estructural del sistema educativo.
México necesita una reestructuración profunda en materia educativa. Se requiere un proyecto que recupere a los miles de niños y jóvenes que abandonaron las aulas durante la pandemia; que garantice cobertura real en todos los rincones del país; que fortalezca la capacitación docente; y que construya un modelo donde el humanismo no esté peleado con la competitividad. Formar ciudadanos críticos, solidarios y conscientes, pero también capaces de insertarse con dignidad en el mercado laboral.
Un gobierno que se asuma verdaderamente de izquierda debe garantizar educación pública de calidad como instrumento de igualdad. Solo así el hijo del obrero y el hijo del empresario podrán competir en condiciones semejantes. No debemos seguir caminando a un sistema donde la colegiatura determina tu destino.














