El pasado martes 3 de febrero, una persona cercana a mí fue asaltada en Cuernavaca. No se trata de una estadística ni de un hecho aislado: se trata de una persona con discapacidad de movilidad que esperaba un transporte público destinado, irónicamente, a personas adultas mayores, usuarios de los servicios de salud pública y personas con discapacidad.
En Cuernavaca desde hace años existe el llamado “camioncito de la salud” que en teoría debería representar un esfuerzo institucional por garantizar el derecho a la movilidad y al acceso a los servicios de salud. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en un punto de riesgo: y es que si eres usuario, esperas más de una hora en la vía pública, sin vigilancia, sin condiciones mínimas de seguridad y en total abandono institucional.
Eso fue lo que ocurrió. A las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Bienestar federal, a menos de un kilómetro de la Policía Municipal, un sujeto armado se acercó y despojó a mi familia y a otra mujer adulta mayor que también esperaba el servicio no solo de sus pertenencias, sino de algo mucho más profundo: la tranquilidad y la sensación mínima de protección por parte del Estado.
Nadie intervino. Nadie llegó. Nadie respondió.
Y como tantas veces en esta ciudad, “no pasó nada”.
Cuernavaca se ha convertido en tierra de nadie. Una ciudad donde ni la cercanía de una base policial, ni la presencia de oficinas gubernamentales inhiben al delito. Una ciudad donde los más vulnerables se han vuelto el blanco perfecto porque saben (y lo saben bien) que nadie va a defenderlos.
¿Quién cuida a quienes no pueden correr?
¿Quién protege a quienes no pueden defenderse?
¿Quién responde cuando la autoridad simplemente no está?
Resulta indignante que en espacios donde diariamente acuden personas adultas mayores y personas con discapacidad a cobrar apoyos sociales no exista un solo elemento de seguridad. Resulta ofensivo, humillante e indignante que el abandono institucional sea tan evidente que el mensaje implícito sea: “sálvese quien pueda”.
Esta no es una anécdota personal. Es una denuncia pública. Es una exigencia directa a las autoridades municipales y estatales. La inseguridad nacional no puede seguir utilizándose como excusa para la inacción local. Gobernar también implica hacerse cargo de lo básico: proteger a la gente.
Hace casi dos años, quienes hoy gobiernan Cuernavaca tocaron puertas, pidieron confianza y prometieron seguridad. Hoy, mientras miran hacia el 2027, la ciudad vive el presente entre el miedo, la omisión y el enojo ciudadano.
Hoy fue una persona con discapacidad. Mañana puede ser cualquier adulto mayor, cualquier mujer, cualquier ciudadano que no tenga más opción que esperar en la calle.
Y cuando una ciudad no protege ni a los más vulnerables, el problema ya no es solo la delincuencia.
El problema es el silencio de la autoridad.
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