El derecho a la protesta contra todo tipo de violencias que laceran la dignidad humana se ha ganado en las calles contra quienes ejercen el poder a través de la violación de derechos humanos. No callar ante los crímenes de cualquier persona para evitar que continúe la impunidad y la falta de justicia es una obligación para transformar la realidad que nos toca vivir.
Históricamente han sido los familiares de los desaparecidos quienes encabezaron las protestas desde los años 70s contra la violencia institucional del régimen de dominación priista y lo mismo ocurrió contra la política autoritaria del panismo en los gobiernos del fraude electoral, hasta llegar a las multitudinarias luchas encabezadas por los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa durante el gobierno de Peña Nieto.
Actualmente, ante el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, agravia fuertemente a las y los michoacanos, y ha cimbrado al pueblo de México. Los asesinos calcularon muy bien las repercusiones que este crimen iba a tener en la ya de por si descompuesta situación que se padece en el estado y el país.
Las movilizaciones de repudio de los últimos días en Michoacán, expresan el nivel de hartazgo a que se ha llegado con motivo de una violencia criminal que se convirtió en sistémica, que tiene un cuarto de siglo operando y que, tan solo en este estado, acumula más de 22 mil asesinatos dolosos y 7 mil desapariciones forzadas. Ya son 127 mil desaparecidos en todo el país y México se ha vuelto el cuarto lugar en el mundo en asesinatos a personas defensoras, y en una década, 189 personas que defendían el medio ambiente, la tierra y el territorio, recibieron ataques letales, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) al presentar su 11° informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales.
Durante décadas la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos denunciado miles de feminicidios en Morelos y en todo el país, donde las autoridades no aplican las medidas de atención, prevención, investigación y sanción para erradicarlos como lo establecen las Alertas de Violencia de Género.
Dicha violencia, hoy repudiada por la ciudadanía a lo largo y ancho del país, tiene entre sus víctimas a miles de gentes del pueblo, entre ellas a defensores de los recursos naturales y del patrimonio biocultural de las comunidades, así como a funcionarios públicos. Está diseñada y sostenida como punta de lanza de proyectos de acumulación capitalista; del despojo de tierras y aguas para proyectos rapaces de explotación extractivista, como son los monocultivos y la minería. Al mismo tiempo, cumple la función de someter, desorganizar y desplazar a la población, despojándola de sus medios de vida y lugares de origen.
En un pronunciamiento dado a conocer en las marchas realizadas en Morelia y otros lugares del país, el PRT señala con toda claridad que: "En este marco, diferentes vertientes de derecha, desde la tradicional del PRIAN hasta las neofascistas emergentes, maniobran para capitalizar el descontento popular, canalizándolo hacia sus propias agendas que, a la par del entreguismo a diferentes sectores de la burguesía nacional e internacional, promueven más mano dura, el golpismo y la intervención militar norteamericana. Más pronto que tarde, se ha evidenciado esta pretensión, como ocurre con la manipulación y cooptación oportunista de convocatorias en nombre de la “generación Z”.
A su vez, el gobierno de la autodenominada “4T” muestra sus límites al no resolver la situación de raíz, por mucho que haya instaurado una militarización que, en su momento, ni el PRI ni el PAN lograron. No es cuestión de mera ineptitud, sino de orientación de clase: No se tocan ni se pretenden tocar los intereses capitalistas que subyacen a la violencia y al despojo, tales como las concesiones mineras y de agua, el entramado financiero, las empresas y demás operaciones de propiedad privada que articulan orgánicamente al narcotráfico, al “crimen organizado”, con la economía nacional y global. Aunado a esto, la conciliación y condescendencia con intereses oligárquicos, el reciclaje de figuras de derecha, la corrupción y la descalificación de cualquier crítica y esfuerzo de autoorganización autónomo, no pueden sino minar a la larga la hegemonía de este régimen.
Del gobierno de Claudia Sheinbaum, los michoacanos esperan, el pronto esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo, el castigo a los responsables, el fin de la impunidad y el arresto y desarme de los grupos criminales. Del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya nadie espera nada…
Por su parte, ejemplos como el de Cherán y el de las comunidades zapatistas, nos señalan que la violencia y el despojo como producto de la irracionalidad capitalista sólo pueden enfrentarse mediante la autoorganización y recuperando las mejores tradiciones de lucha del pueblo trabajador.
Desde el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, consideramos que la confluencia para la construcción colectiva de un polo independiente y unitario de lucha por una democracia desde abajo, es decir, de las clases trabajadoras de la ciudad y el campo, anticapitalista y antiimperialista, es de gran urgencia pues, de no lograrlo, será la derecha, incluso la más rancia y beligerante, la que canalice la inconformidad social, como ya ha ocurrido tras los fracasos de otros gobiernos progresistas latinoamericanos.
¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!"
Por todo ello es que es necesario luchar porque haya una verdadera seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos de todas y todos.














