La tan publicitada austeridad republicana en la 4T se fue al cesto de la basura hace rato. Bastó menos de un año para que la opulencia, el despilfarro, la ostentosa y grotesca forma de conducirse de muchos de los que juraron no robar, no mentir y no traicionar, se convirtiera en el sello de la llamada “transformación”.
Esta austeridad republicana retomada por el llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación” pronto reveló sus propias contradicciones. Aunque en los discursos se exalta la virtud del ahorro y se condena el derroche, la realidad ha mostrado que este ideal quedó atrás desde los primeros meses de gobierno. Casos evidentes de gastos superfluos, adquisiciones cuestionables y privilegios para ciertos funcionarios han salido a la luz, desdibujando el mensaje original de sencillez y prudencia financiera acuñado en el sexenio de López Obrador.
Por ejemplo, mientras se recortan presupuestos para sectores esenciales como la salud y la educación, o se desmantelan los órganos autónomos en nombre de la austeridad, continúan los beneficios y lujos para quienes ocupan posiciones estratégicas en el aparato estatal. Se observa la compra de vehículos de alta gama, remodelaciones de oficinas y celebraciones costosas, todo bajo el manto de la “transformación” que prometía un cambio radical en las formas de ejercer el poder.
La distancia entre el discurso y los hechos se ha vuelto motivo de debate público y desilusión para muchas personas que depositaron sus esperanzas en una administración distinta. El eslogan de “no robar, no mentir y no traicionar” ha sido puesto a prueba por una serie de acciones que contradicen el principio de austeridad, mostrando que el mito no sólo persiste, sino que se reinventa con cada administración que llega al poder.
Así, la austeridad republicana, proclamada con gran ímpetu desde el sexenio de López Obrador, se ha convertido en una narrativa más que en una práctica real, dejando entrever la compleja relación entre el ideal político y la dinámica cotidiana de quienes gobiernan.
Por si no fuera suficiente, la corrupción también se acentúa en la Cuarta Transformación, y los casos donde se cierne la sospecha de protección desde el mismo gobierno y el poder público van en aumento. No es raro encontrar denuncias que involucran a altos funcionarios cuyas acciones, lejos de ser fiscalizadas o sancionadas de manera ejemplar, parecen recibir el cobijo de estructuras burocráticas diseñadas para perpetuar la impunidad.
Diversos escándalos han puesto en tela de juicio el compromiso real de la administración con la transparencia y el combate a la corrupción. Contratos otorgados sin licitación pública, asignaciones directas y manejo discrecional de recursos son solo algunos de los ejemplos que ilustran cómo el poder puede blindar a quienes, bajo el manto de la “transformación”, continúan favoreciendo intereses personales o de grupo. El punto más álgido reside en los casos donde el poder público se relaciona con el crimen organizado, y no pasa nada.
La protección desde el poder público se manifiesta también en la manera en que ciertos expedientes se mantienen bajo reserva, los procesos judiciales avanzan con lentitud o se archivan sin mayores explicaciones. Esto genera un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía, que observa cómo las promesas de renovación ética y moral se diluyen ante el peso de antiguas prácticas que parecen resistirse al cambio.
En suma, lejos de erradicarse, la corrupción encuentra nuevas formas de perpetuarse bajo narrativas renovadas, donde el discurso de honestidad choca una y otra vez contra la realidad de privilegios y excesos, y de favores y complicidades. La Cuarta Transformación, que prometía limpiar la vida pública, se enfrenta así al desafío de transformar no solo las instituciones, sino también las estructuras invisibles que sostienen la impunidad y el abuso del poder, a ver…
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