Morelos vive un momento clave en materia de derechos reproductivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara, penalizar el aborto voluntario es inconstitucional Y en el caso de nuestro estado ya existen resoluciones específicas que protegen ese derecho.
En mayo de este año, la Corte resolvió un amparo colectivo promovido por 48 mujeres morelenses, declarando inválidos varios artículos del Código Penal local que criminalizan la interrupción del embarazo. Esa resolución abre un nuevo escenario uno donde el derecho existe, pero el marco normativo aún debe avanzar.
La situación es compleja. Por un lado está la jurisprudencia federal que protege a las mujeres y al personal médico que actúe dentro del margen legal. Por otro, la necesidad de actualizar la legislación local para brindar certeza jurídica, evitar vacíos interpretativos y garantizar el acceso real a servicios de salud reproductiva.
Morelos no es el único estado en esta situación, pero sí uno de los más rezagados. Hasta julio de 2025 trece entidades federativas han despenalizado el aborto voluntario en sus códigos locales. Morelos, pese a la resolución judicial, aún lo tipifica como delito con penas que van de uno a ocho años de prisión, incluso para personal médico. El acceso al aborto en clínicas públicas en la práctica depende de amparos individuales o del traslado a otras entidades.
Datos de organizaciones civiles como GIRE y de la propia Secretaría de Salud federal muestran que el 80 % de las solicitudes formales para interrupción legal del embarazo en Morelos son canalizadas a clínicas en CDMX o Puebla. En 2023, se estimaron más de 600 procedimientos realizados por mujeres morelenses fuera del estado. Hoy por hoy, solo cuatro clínicas locales tienen capacidad técnica para atender estos casos, pero no ofrecen el servicio de forma continua.
La gobernadora ha expresado en distintos espacios su voluntad de avanzar en este tema con responsabilidad. El Congreso local, a su vez enfrenta un proceso delicado que requiere diálogo, sensibilidad y prudencia. La armonización legislativa no es un acto político sino una respuesta institucional a un mandato constitucional.
En este momento más que señalar lo que importa es construir. para construir se necesita escuchar, revisar y actualizar con responsabilidad.
La salud de las mujeres, su derecho a decidir y la certeza legal que requieren los prestadores de servicios médicos no deberían quedar atrapados en el limbo jurídico.
Morelos tiene la oportunidad de avanzar con claridad y firmeza. El derecho ya está reconocido. Ahora toca dar los pasos necesarios para que ese derecho sea una realidad para todas.
#QuéCosa!
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