Empezaron a levantarse algunas voces en la entidad respecto a las aprobaciones realizadas en el Congreso local en cuanto a diversos temas, sobre todo lo relativo al Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMM), la paridad de género en las candidaturas para el 2027, y de seguro que así será en lo sucesivo.
La sociedad, esté o no organizada, debe ser tomada en cuenta por los representantes políticos, ya que es un principio fundamental de la democracia, aunque de vez en cuando se hacen tuercen este concepto bajo otros argumentos ajenos al bien común.
La participación ciudadana es un pilar fundamental en la construcción y consolidación de las democracias modernas. Su incorporación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas es indispensable para la legitimidad, eficacia y equidad de las decisiones de las autoridades. La sociedad civil no solo debe ser escuchada, sino también considerada como un actor clave en la gestión pública.
La participación ciudadana es el conjunto de mecanismos que permiten a las personas involucrarse activamente en los asuntos públicos que les afectan. Según Boutinot (2007), “la participación ciudadana implica un ejercicio de corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas”; por lo que esto significa que los ciudadanos no son meros receptores de políticas, sino sujetos activos con derecho a incidir en ellas.
La importancia de este enfoque radica en fortalecer la democracia al ampliar el espacio de discusión, permite identificar de forma más precisa las necesidades sociales y mejorar la calidad de las políticas públicas. Como sostiene Bobbio (2000), “una democracia sin participación es una democracia vacía, que corre el riesgo de convertirse en mera fachada”.
Existen varias razones para que la sociedad sea considerada en la formulación de políticas. Primero, porque la participación favorece la transparencia y la rendición de cuentas, lo que ayuda a evitar la corrupción. Segundo, mejora la calidad de las decisiones al incluir perspectivas diversas y conocimientos locales. Tercero, incrementa la legitimidad de las decisiones tomadas, ya que los ciudadanos se sienten parte del proceso.
De acuerdo con Arnstein (1969), los niveles de participación ciudadana pueden ir desde la mera manipulación hasta el empoderamiento, siendo este último el grado más alto de influencia real de los ciudadanos en las decisiones. En los niveles más altos, la sociedad no solo es consultada, sino que se integra al diseño y controla parte del proceso político.
La participación ciudadana sirve para acercar la administración pública a las necesidades reales de la población, promueve una cultura de corresponsabilidad, donde el Estado como la ciudadanía asumen compromisos para el desarrollo sostenible y la justicia social. Como afirma Kliksberg (2001), “la inclusión de la sociedad civil en la gestión pública es un camino eficaz para combatir la exclusión, reducir la desigualdad y fortalecer la cohesión social.
Además, la participación de la sociedad permite la evaluación social de las políticas, identificando errores o desviaciones que pueden ser corregidas a tiempo. Este control ciudadano fomenta gobiernos más responsables y orientados al bien común. Así que esperemos más sensibilidad de nuestros gobernantes con la participación social, la cual es el principal pilar de la democracia, si es que existe.
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