Votaciones por el poder judicial y las luchas sociales.

Para transformar la realidad es necesario utilizar diferentes herramientas de lucha, desde la movilización en la calle y el voto conciente. Éste primero de junio iré a votar por candidaturas al Poder Judicial que conozco por su compromiso con los derechos indígenas, laborales, de las mujeres y que proponen una justicia social que permita terminar con privilegios de unos cuantos que se benefician de la corrupción y el tráfico de influencias.

Un argumento fundamental es que, mientras más participación directa de la población en la toma de decisiones políticas, mayores posibilidades de que el ejercicio democrático influya en el poder político para la aplicación de los protocolos, leyes, tratados, para hacer vigentes los derechos humanos en México.

Este primer ejercicio de votación para el Poder Judicial tiene dificultades enormes para lograr que toda la sociedad esté debidamente informada de todo el proceso y se pueda valorar los alcances en su justa dimensión, así como conocer todas las propuestas y trayectorias de quienes aparecerán en las boletas de votación, lo que es un déficit necesario de corregir para posteriores ejercicios ciudadanos, pero no elimina el derecho de participación conciente y organizada para transformar un poder judicial que ha sido utilizado históricamente para el beneficio de los que tienen poder económico y político, y solamente en casos excepcionales para obtener avances en la justicia para quienes carecen de ello.

En ésta lucha por lograr que se respeten los derechos humanos, hemos recurrido a diversas instancias jurisdiccionales, obteniendo importantes resoluciones que inclusive han sentado precedente. Para ello, ante la omisión de las instancias del sistema jurídico nacional, se tuvo que recurrir al sistema interamericano o internacional de derechos humanos, para obtener sentencias que permitieran avanzar en su protección, como en la sentencia de Campo Algodonero sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, que sentó precedente para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dado su carácter vinculante.

Es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento rechazó cientos de miles de Amparos del magisterio contra las reformas constitucionales privatizadoras, y actualmente se lleva a cabo la huelga magisterial contra la reforma del ISSSTE del 2007.  También rechazó los Amparos de los trabajadores electricistas contra la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que despidió a 44 mil trabajadores. Igualmente recordamos que la SCJN rechazó las 300 controversias constitucionales que interpusieron pueblos y comunidades indígenas contra la reforma constitucional que limitaba el alcance de los Acuerdos de San Andrés firmados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano luego del levantamiento armado en Chiapas.

Es verdad que en el tema del derecho a decidir, ante las omisiones legislativas, se logró obtener resolución de la SCJN para garantizar el derecho al aborto libre y voluntario para evitar la criminalización de las mujeres que recurren al aborto por diversas razones y circunstancias.

En el Estado de Morelos, tenemos el caso del Municipio Indígena de Tetelcingo, que aprobó su decreto de creación por parte del Congreso del Estado y luego de que el Ayuntamiento Municipal de Cuautla interpuso una controversia constitucional, la SCJN resolvió que se convocara a una consulta indígena que, a pesar de que fue favorable a la creación del Municipio Indígena, no ha sido acatada por el Congreso y sigue sin resolverse jurídica y políticamente.

En el caso de la Iniciativa Legislativa para crear el Municipio Indígena de Alpuyeca, ante la omisión del Congreso del Estado de Morelos para emitir el decreto de creación, se solicitó un Amparo ante los Tribunales Federales y se tuvo una resolución favorable por parte de una jueza que ha mantenido con firmeza su autonomía frente al poder político.

Valoramos el conocimiento y el profesionalismo de jueces, juezas y magistrados, que han dedicado tiempo y capacidad para resolver casos jurídicos que brinden certeza y restituyan los derechos violados, pero tambien tenemos muchos casos de quienes actúan subordinados al poder o a los intereses económicos de grupos poderosos.

Actualmente hemos conocido e intercambiado ideas y propuestas con diversos candidatos y candidatas a jueces, magistrados y ministros, destacando quienes no solamente promueven su imagen, sino sus propuestas y compromisos para hacer vigentes los derechos indígenas, los derechos laborales o los derechos de las mujeres, por lo que nuestro voto será conciente y esperamos que éste derecho sea ejercido por muchas personas que, aún teniendo observaciones críticas al proceso electoral mismo, saben que depende de una mayor participación y no dejando que unos cuantos decidan el rumbo de la nación, como se logrará transformar la realidad que nos toca vivir.

Porque gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. La autonomía del Poder Judicial frente al gobierno en turno es una necesidad para hacer valer los derechos de la sociedad. Quien ocupe las responsabilidades de la administración de la justicia tiene retos enormes, para garantizar a todas las víctimas el respeto a sus derechos humanos y combatir la impunidad que, en algunos delitos graves como feminicidio y desaparición forzada, llega a más del 95 por ciento. Necesitamos resoluciones que tomen en cuenta el principio pro persona, del máximo avance en materia de derechos humanos, para los pueblos indígenas y afrodescendientes que han sido tradicionalmente marginados y discriminados por jueces que priorizan los intereses de empresas mineras o capitalistas de otro tipo que les representa enormes ganancias.

Votar conscientemente por las o los jueces, magistrados o ministros, éste primero de junio, será la mejor manera de ejercer críticamente el derecho a decidir por parte de la sociedad, para que no sean unos cuantos los que decidan por encima de la población mayoritaria.