Resultado del trabajo conjunto entre los equipos jurídicos de la Sección 19 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la diputada del Partido Nueva Alianza, Ruth Cleotilde Rodríguez López, ayer vio la luz la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos, también llamada como la “Ley PROTEM”.
La iniciativa responde a una necesidad creciente: un número importante de docentes en México –y desde luego en Morelos--, han enfrentado diversas formas de violencia y acoso, tanto por parte de estudiantes como de padres de familia y autoridades escolares. Esta situación ha generado un ambiente laboral hostil que afecta la calidad educativa y el bienestar de los maestros; en muchos casos, los docentes quedan expuestos y vulnerables a las consecuencias de estos señalamientos, enfrentando daños a su salud mental y, terminando en casos extremos, en la cárcel,
La diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López fue la encargada en exponer, desde la tribuna, los pormenores de esta Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos y, solicitar a sus compañeros legisladores, se sumen a la iniciativa en beneficio del sector magisterial.
En sus argumentos, la legisladora reiteró que su iniciativa deriva de una solicitud de la directiva de la Sección 19 del SNTE en el estado, ante la necesidad de establecer un marco jurídico que brinde certeza, respaldo institucional y protección integral a las y los trabajadores de la educación que enfrenten este tipo de situaciones, sin menoscabo del derecho legítimo de las personas a denunciar conductas indebidas o posibles delitos.
La llamada “Ley PROTEM”, expuso la parlamentaria, representa una respuesta normativa que busca prevenir situaciones similares, garantizar el debido proceso y salvaguardar la dignidad de quienes ejercen la docencia y el apoyo a la misma en el estado de Morelos : “La ley que se propone no pretende sustituir los procedimientos penales ni limitar el acceso a la justicia, sino establecer condiciones mínimas de objetividad, legalidad y respeto a los derechos humanos dentro de los procedimientos institucionales, evitando que las y los trabajadores de la educación sean revictimizados injustamente por denuncias sin sustento”
“Esta ley no defenderá lo indefendible, lo repito, esta ley nunca deberá defender a lo indefendible”, reiteró la diputada al puntualizar que se busca garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso; establecer la evaluación preliminar de denuncias por autoridades educativas; obligar a emitir un protocolo estatal en un plazo de 180 días; sancionar la denuncia falsa con medidas penales, civiles y administrativas; proteger la salud mental, reputación y carrera del personal docente; y promover la concientización institucional sobre los efectos de acusaciones sin sustento”, resaltó.
Un número importante de representantes sindicales, encabezados por el Secretario General de la Sección 19 del SNTE, Joel Sánchez Vélez, se apersonaron ante la Cámara de Diputados, para atestiguar la presentación ante el pleno y entre gritos, pancartas y consignas, le dieron el respaldo necesario a la iniciativa. Obvio, los maestros están de acuerdo, requieren ser protegidos por la ley…














