¿En dónde están los desaparecidos? En los campos militares, en las cárceles clandestinas, en hospitales psiquiatricos, en centros de trata de personas, en ciudades distantes o en lugares cercanos, en cualquier lugar donde se les mantiene privados de la libertad en contra de su voluntad. Es ahí donde hay que buscarlos, aplicando uno de los principios básicos del protocolo de búsqueda sobre desaparición forzada que es la presunción de vida.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! Esta fue la consigna que levantaron los familiares de los desaparecidos en Argentina y México durante los años 70s. Y lograron recuperar con vida a personas desaparecidas, mismas que dieron testimonio de las terribles condiciones de tortura a las que fueron sometidos por el Estado. El Comité Eureka logró recuperar con vida a más de 129 personas desaparecidas. En Argentina las madres y abuelas de la Plaza de Mayo siguen logrando esclarecer la suerte y el paradero de niños y niñas que fueron desaparecidas junto a sus padres y madres por la dictadura militar.
La desaparición forzada es una tecnología del horror que han utilizado los gobiernos para reprimir a los pueblos y movimientos sociales mediante prácticas de terrorismo de Estado. Así se ha demostrado históricamente, por lo cual se llevó al ámbito internacional en donde se estableció la Convención sobre Desaparición Forzada en el marco de la ONU.
El Artículo 34 establece claramente que se establecerán medidas extraordinarias en un país o región donde se lleven a cabo desapariciones en forma generalizada o sistemática, como lo muestran más de 126,852 personas desaparecidas en México. Es el Estado el responsable de garantizar el acceso a una vida libre de violencia y de sancionar a quienes cometen toda clase de crímenes de lesa humanidad.
Buscar a las y los desaparecidos con presunción de vida no implica que no haya posibilidad de localizarlos muertos. Durante los últimos años en México han sido localizadas más de 72 mil personas sin vida que permanecen sin identificar en centros forenses de las fiscalías locales. Los colectivos de madres buscadoras han localizado más de 6 mil fosas clandestinas en donde han encontrado restos humanos que en su inmensa mayoría no se les ha practicado las pruebas genéticas, entre otras causas debido a que no se ha cumplido con el compromiso de construir el Centro de Identificación Forense en Morelos como se anunció y no se llevó a cabo. Se ha tenido que recurrir a la Universidad de Insbruk, en Suiza, para identificar los restos encontrados en la búsqueda de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, esclareciendo los casos de 3 de ellos mediante las pruebas genéticas practicadas a sus familiares.
Lo ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, no es un hecho aislado, sino que muestra el horror de las desapariciones cometidas por grupos criminales en complicidad con autoridades de todo tipo, incluyendo las policías locales y la Guardia Nacional que fueron omisas en el resguardo de las instalaciones y las fiscalías que omitieron llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Lo mismo ocurrió en San Fernando con los restos humanos de quienes fueron víctimas de masacres, al igual que en su momento significó la localización de cuerpos hacinados en la fosa común de Tetelcingo donde la Fiscalía de Justicia de Morelos pretendió desaparecer a más de un centenar de cuerpos sin identificar. Previamente, durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial para el caso de José Ramón García Gómez, desaparecido en Cuautla el 16 de diciembre de 1988, se localizó una fosa clandestina en el panteón de Amilcingo, donde se habían enterrado los cuerpos de personas desaparecidas por el grupo de policías encabezados por el comandante Apolo Bernabé Ríos. La misma fosa común localizada en el panteón de la colonia Pedro Amaro, en Jojutla, denunciada por colectivos de madres buscadoras, logró esclarecer decenas de casos de personas desaparecidas.
Mientras las y los familiares de personas desaparecidas no encuentren a sus seres queridos, van a mover cielo y tierra por localizarlos. Aunque la vida les vaya en eso. En ésta búsqueda han muerto 3 padres y una madre de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno y Ezequiel Mora, debido a la tristeza y las enfermedades ocasionadas por la incertidumbre de saber lo que ha pasado con ellos. Más grave aún han sido los 27 asesinatos cometidos en contra de integrantes de colectivos de personas buscadoras, el más reciente el de doña Teresa González Murillo, de Jalisco, Magdaleno Pérez Santes, de Veracruz y Lorenza Cano, desaparecida en Salamanca, Guanajuato.
Actualmente se han logrado establecer una serie de reuniones de colectivos de buscadoras en Gobernación para escuchar los terribles y desgarradores testimonios de familiares, con la notable ausencia de la CNDH que traiciona la memoria de doña Rosario, con el objetivo de aplicar todas las acciones tendientes a atender y resolver la crisis humanitaria de la desaparición forzada en México.
La responsabilidad del Estado mexicano en la búsqueda de las personas desaparecidas implica que lleve a cabo las recomendaciones emitidas en el marco de la Convención contra la Desaparición Forzada firmada y ratificada por México ante la ONU. Existen suficientes denuncias en contra de elementos militares, de la Marina y de la Guardia Nacional, por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, que resulta inadmisible el triste papel desempeñado por quien preside la CNDH al negar la necesidad de la presencia de organismos internacionales que coadyuven, como en su momento lo solicitó y logró doña Rosario Ibarra de Piedra, acompañada por Amnistía Internacional y los Relatores de la ONU sobre tortura y desaparición, o como lograron obtener los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con el apoyo del Centro ProDH y Tlachinollan para obtener la creación y colaboración del Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes de la CIDH.
Ante la pregunta de ¿Por qué los buscamos? La respuesta es clara ¡porque los amamos!
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