La aplicación directa de las leyes en situaciones ordinarias, como un robo menor o daño a la propiedad, tienen sentido en la medida en que no se necesita más que la ejecución establecida del ordenamiento legal. No obstante, existen casos peculiares en los que la aplicación de la norma no es suficiente, por lo que se hace uso de la interpretación de las leyes, la cual no consiste en crear un significado enrevesado dentro de las normas para cuadrarlo dentro de cualquier situación, sino encontrar el sentido primigenio de las leyes; proteger y brindar justicia.
En diversas ocasiones se arguye que la interpretación de la ley en cualquiera de sus situaciones (tanto simples como complejas) cargan consigo mismo la posibilidad de interferir con intereses personales, políticos o motivaciones que beneficien a sectores (como grupos empresariales o políticos) al momento de interpretar las normas. Lo cual, ha ocurrido en diversas ocasiones.
Por ejemplo, durante mucho tiempo los focos mediáticos estaban tras el juicio de Donald Trump, debido a que, si se encontraba culpable, se abría la posibilidad para frenar su ahora ganada elección, por lo que la deliberación del juez tenía matices e intereses políticos.
Si bien es cierto que hay ocasiones claras en que las leyes están influenciadas directamente con cargas ideológicas, la cuestión es lograr interpretar un sentido más amplio sobre la justicia. Un ejemplo que ataca la carga ideológica en las normas se encontraba en el Código Civil de Sonora de 1932, donde se prohibía el matrimonio entre las mujeres mexicanas con individuos de “raza china”. De la misma índole se compara el caso Loving vs Virginia, el cuál protege el matrimonio interracial entre blancos y afrodescendientes en Estados Unidos de América, estableciendo un importante precedente de igualdad y no discriminación, después de que la pareja fuera arrestada y sentenciada.
De esta forma entendemos que la sociedad se configura a partir de valores y pretensiones de convivencia que tiene cargas ideologías (tanto culturales y políticas), sin embargo, la crítica debe atacar aquellas acciones que, por costumbre o tradición, afecta los derechos de las personas. El problema se vuelve complejo cuando las normas tienen estas cargas y la sociedad, así como el mismo aparato gubernamental intenta perpetuarlos.














