Morelos padece un rezago importante en la mayoría de sus necesidades como población; a pesar de circunstancias difíciles, generalmente relacionadas con la delincuencia, la mayoría de las entidades del país siguen avanzando, particularmente en inversión de infraestructura para el desarrollo: acá llevamos años sin acciones relevantes.
El techo presupuestal anual de la administración estatal no es de ninguna manera suficiente para responder a tantas necesidades acumuladas, sin embargo la inmoralidad y deshonestidad de algunos personajes que han pasado por posiciones de decisión en las estructuras estatales y municipales, ha abonado sobremanera a la ausencia de inversiones públicas.
El mal uso del dinero producto del pago de impuestos de los ciudadanos, por parte de políticos deshonestos, es un factor que de alta incidencia en la falta de atención rubros fundamentales para el buen vivir.
Desde luego que hay sanciones muy claras a aplicarse contra quien caiga en el hurto del erario. Pero ¿quién las aplica? No pasamos de escándalos mediáticos y señalamientos que, a pesar de las denuncias, no prosperan por enormes redes de complicidad entre grupos políticos. ¿Qué pasó con los expedientes generados contra el ex edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos? El enriquecimiento ilícito de dicho personaje fue más que notorio.
Lo mismo paso con el ex gobernador Graco Ramírez, se generaron decenas de denuncias que nadie sabe ya qué destino tuvieron. Y hoy, pues continuamos atestiguando datos escalofriantes de sucesos de corrupción del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, y estamos casi seguros que al paso del tiempo no habrá ejecución de la ley contra tales atracos.
No obstante promesas reiteradas desde el sexenio anterior a nivel federal de combatir la corrupción, en la realidad no se aprecia un cambio mínimo. Mientras esos pillos que robaron a su gusto no sean llamados a cuentas nada cambiará, los rateros se saben impunes y eso es una invitación para que hoy y en adelante el saqueo continúe sin sanciones. Son demasiados miles de millones de pesos sustraídos de las arcas públicas en los dos últimos sexenios en Morelos; esos fondos debieron usarse en mejoras de toda naturaleza. La esperanza es que en adelante se ejerza el dinero con más transparencia.














