Mitos y hechos
OPERADOR QUE NO OPERA. Adán Augusto no ha resultado ser el mejor operador político y muestra de ello es que el candidato a presidente municipal de Jonacatepec del Partido Verde Ecologista de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Israel Andrade Zavala, se pronunció a favor de la candidata opositora a la gubernatura Lucy Meza. Las amenazas de los empleados del tabasqueño no tardaron en llegar junto con la exigencia de retractarse, el verdeecologista les respondió que no lo haría, que no había recibido apoyo de parte de ellos y que si sabían contar, ya no contarán con él… De pura casualidad, horas más tarde, llegaron elementos federales a ejecutar órdenes de cateo en la casa del candidato de Jonacatepec. Tan aparatoso fue el despliegue que de inmediato llegaron pobladores en apoyo de Israel Andrade, incluso hubo quienes encararon a los elementos de la Guardia Nacional amenazándolos de que iban a ser linchados sino se iban del lugar. La propia candidata del PAN-PRI-PRD tuvo que intervenir para evitar que se desbordara la situación y se provocara una tragedia. La situación está tan candente que lo peor es la generación de más violencia. Así que es mejor que Adán Augusto y sus operadores se dediquen a la campaña de Margarita González Saravia y no ha impulsar disturbios, porque habría que evaluar qué han logrado desde su arribo a Morelos. Que Noroña lo redima.
OTRA VEZ. La exhibida que recibieron las magistradas del tribunal electoral de Morelos en la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la Federación es un claro ejemplo de la falta de profesionalismo y ética que impera en muchas instancias judiciales en nuestro país. El hecho de que se evidencie el desconocimiento de las propias leyes locales por parte de quienes tienen la responsabilidad de interpretarlas y aplicarlas, es sumamente preocupante y pone en entredicho la legitimidad de las decisiones que toman. Es lamentable que se haya demostrado que muchas de las resoluciones del Tribunal Electoral de Morelos han sido tomadas por consigna o a cambio de favores, en lugar de basarse en el respeto a la legalidad y la imparcialidad que deben regir en cualquier órgano judicial. Es imperativo que se investigue a fondo este caso y se tomen las medidas necesarias para garantizar que en el Tribunal Electoral de Morelos se actúe con transparencia y apego a la ley, para así recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la democracia y el Estado de Derecho. Esperamos que este episodio sirva como una lección para recordar a todos los funcionarios públicos que su deber es servir a la sociedad con honestidad y compromiso, y no para favorecer intereses particulares o políticos.
SEC. El caso del ex gobernador Sergio Estrada Cajigal, actual candidato a diputado federal por el frente opositor, ha generado una gran controversia y preocupación en el ámbito político y social. El hecho de que se le haya ordenado estar en resguardo domiciliario mientras se resuelve la acusación en su contra por violencia en perjuicio de su ex pareja, es un claro indicio de la gravedad de las acusaciones en su contra. Es fundamental recordar que la violencia contra las mujeres es un tema que debe ser tomado con la mayor seriedad y contundencia, y que debe ser castigado con todo el peso de la ley. No se puede permitir que personas con antecedentes de violencia de género ocupen cargos públicos y mucho menos representen a la ciudadanía en instancias legislativas. Resulta bastante arriesgado que el PAN haya decidido postular a Estrada Cajigal como candidato, a pesar de las acusaciones en su contra, lo cual pone en evidencia una falta de sensibilidad y compromiso con la erradicación de la violencia de género. Esta decisión ha generado un grave problema para el partido, que ahora se ve en la necesidad de replantear su estrategia política y tomar medidas para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Por otro lado, resulta también sospechoso que este caso de violencia contra las mujeres se resuelva precisamente en esta etapa de la campaña política, lo cual ha generado sospechas de oportunismo por parte de la coalición de MORENA y partidos aliados. Es fundamental que se garantice la imparcialidad y la transparencia en el proceso judicial, para que se pueda llegar a una resolución justa y acorde a la gravedad de los hechos denunciados.
GRAVE. El video que ha comenzado a circular en redes sociales, en el que se muestra presuntamente a personas identificadas como Servidores de la Nación advirtiendo a beneficiarios de programas sociales que podrían desaparecer si no votan por cierta candidata, es sumamente preocupante y revela una grave violación a la ley y a la ética en el ejercicio de la función pública. Los Servidores de la Nación son responsables de la implementación y supervisión de los programas sociales del gobierno, y su labor debe regirse por los principios de imparcialidad, transparencia y respeto a los derechos de los ciudadanos. Utilizar estos programas como instrumento de coacción electoral es inaceptable y atenta contra la democracia y la integridad de las elecciones. De confirmarse, este tipo de prácticas clientelistas y coercitivas son propias de regímenes autoritarios y antidemocráticos, y no tienen cabida en un Estado de Derecho. La ciudadanía tiene el derecho fundamental de elegir libremente a sus representantes, sin presiones ni manipulaciones por parte de servidores públicos. Es necesario que se investigue a fondo este caso y si se comprueba se deben aplicar las sanciones correspondientes a quienes hayan violado la ley. Además, es fundamental que se garantice la independencia y la imparcialidad de los Servidores de la Nación en el ejercicio de sus funciones, para evitar que se repitan este tipo de prácticas ilegales en el futuro. La democracia y el Estado de Derecho exigen el respeto irrestricto a las normas y a los principios éticos que rigen la función pública. Cualquier intento de manipular o condicionar el voto de los ciudadanos debe ser condenado y castigado con toda la severidad que la ley permita. La integridad de nuestro sistema democrático está en juego, y es responsabilidad de todos velar por su defensa y preservación.
