La ilegalidad e inmoralidad de AMLO

A lo largo de toda su trayectoria, la carrera política de AMLO, iniciada en 1986, ha estado marcada por la violación a las leyes. Los últimos hechos, en su sexenio de ejecutivo del Gobierno Federal así lo corroboran, que es un partidario de la ilegalidad.

En 1996 encabezó los bloqueos a 51 pozos petroleros en Tabasco, como una medida de protesta en contra de PEMEX, que inició con bloqueos a paso de vehículos, hasta llegar a bloquear completamente el funcionamiento de dichos pozos, provocando con ello pérdidas multimillonarias. También, en el año 2006, después de haber perdido su primera elección a la presidencia de la República, una frase que quedó acuñada y que demuestra el desprecio de Amlo por la legalidad, cuando dijo “al diablo las instituciones” como protesta ante los resultados de la elección presidencial.

Hoy, después de que aquel político perteneciente al PRI, adherido a la corriente democrática, pero que no participó activamente en esa transición política (al menos no hay referencias documentadas), posteriormente mostrara su verdadera cara, hoy, después de que ganara la presidencia de la República, de forma sigilosa, porque obsérvese, como logró ganar, cambiando su postura radical, haciendo acuerdos con empresarios, políticos, intelectuales, organizaciones sindicales, partidos políticos, y hasta cambiando su lenguaje (no había funcionado su anterior estrategia al haber perdido las elecciones en 2006 y 2012), acordando con buenos y malos, en 2018 logró lo que tanto había anhelado, la presidencia de la República, y después de haber tomado posesión, ha mostrado su declive por la ilegalidad. En aras de la lucha en contra de la corrupción canceló la construcción del NAIM en Texcoco. En aras de la lucha en contra de la corrupción canceló los fideicomisos, que en su mayoría era la fuente de financiamiento para programas de ayuda a damnificados por desastres naturales, otros para beneficio de deportistas de alto rendimiento, otros más para programas de investigación científica. Ha pugnado por tener el control de la SCJN, un poder que debe mantenerse autónomo e independiente. Se ha apoderado del poder Legislativo, en el que afortunadamente sus partidos no tienen mayoría absoluta, pero envía órdenes a los diputados y estos las acatan sin miramiento y sin ética alguna, en el que aprueban leyes con una rapidez mayor que la del Rayo McQueen. Así sucedió con el famoso Plan B hace algunos meses (afortunadamente la SCJN la declaró inconstitucional), y con las leyes de extinción de organizaciones del ejecutivo federal apenas entre el 25 y el 26 de abril de 2023. Pero lo más ilegal que ha realizado el presidente, es el haber desactivado al INAI, una institución de origen ciudadano, que permite el acceso a la información oficial a personas y organizaciones, para la transparencia en los actos del gobierno. El haber vetado los nombramientos que había realizado el Senado de la República, deja inoperante a esa institución. Las declaraciones del presidente de “no debiera existir”, de que “no es necesario”, demuestra completamente el gusto por la ilegalidad. De la misma forma ha buscado hasta el cansancio en cambiar de fondo el INE, lo cual no ha podido completamente. Pero con los últimos nombramientos de los consejeros del mismo, quedan dudas enormes acerca de la función democrática del INE en las próximas elecciones, del año 2023 y 2024.

Lo anterior descrito son solo algunas muestras de los hechos ilegales en los que ha incurrido el presidente, lo cual nos lleva a reflexionar en varias direcciones del futuro de nuestro país.

1. Existen un sinnúmero de fundamentos para hacerle cargos legales al presidente hoy o cuando termine su sexenio, para llevarlo a juicio y pagar sus delitos. Pero si gana la presidencia su partido, nada garantiza que su sucesor o sucesora realice ese juicio.
2. Si gana la presidencia la Alianza Opositora (en caso de que si se llegue conformar) ¿tendrá los suficientes tamaños para llevarlo a juicio?
3. El presidente hará hasta lo imposible para que su partido gane la elección, desde el nombramiento del candidato, de la obligación a votar a todos sus simpatizantes, beneficiarios de programas sociales, de los empleados de los gobiernos federal y estatales y de aquellos incautos que no son conscientes de lo que está sucediendo en el país.
4. El presidente buscará acuerdos para que no sea sometido a juicio político en cuanto termine su mandato.
5. ¿Es verdad que el presidente, terminando su administración se retirará de la vida política y se dedicará a la vida campirana en su rancho en Palenque?
6. ¿Podrá vencer la tentación de sugerir, ordenar, orientar, aconsejar a quien esté ocupando la silla presidencial?

Esta y otros cuestionamientos tendrán respuesta en menos de 15 meses, cuando se termine esta administración (septiembre de 2024).

Pero si es importante que los electores tengan la conciencia despierta para analizar, reflexionar y tomar decisiones para un México unido, de trabajo, de desarrollo económico, de la búsqueda de la seguridad, del mejoramiento de la educación y la salud.

*IR