Desaparecer a las Policías
Esta semana, el viernes 16 de septiembre se consumará que la Guardia Nacional sea sección más del Ejército Mexicano, como lo ha defendido en los últimos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Leyendo el Diario Oficial de la Federación publicado el 26 de marzo de 2019, que contiene el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, hay que poner atención en el Artículo 21, que a la letra dice:
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública (…)
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“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”. Aquí termina la cita textual.
En ese sentido, la decisión de adjudicarle la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene por donde asirse del marco constitucional. Lisa y llanamente, los legisladores y López Obrador se saltan el ordenamiento que rige nuestra vida como nación.
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Empero, hay algo más, leyendo el Quinto Transitorio:
“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria (…)”.
Más allá de cambiar la fecha de “los cinco años siguientes” en términos de una iniciativa priista telegrafiada desde Palacio Nacional, hay algo que preocupa justificadamente a los expertos. Si se puede violar la Constitución una vez, se puede violar dos veces, porque para eso solo se requiere ánimo de cometerlo.
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Y en ese sentido, si cada vez menos recursos se ofrecen a las corporaciones municipales y estatales civiles (la redundancia es indispensable), no hay gran trecho entre desaparecerlas y enviar a la Guardia Nacional a sustituirlas.
Tan solo hay que pensar lo que ocurriría si este rasero se aplicara al doble a los estados gobernados por algún partido de oposición y esto alcanzaría posibilidades surrealistas en el caso de aquellas entidades con el PRI en su Casa de Gobierno.
La Secretaría de Hacienda terminaría por hacer el trabajo sucio, negociando con los gobernadores si alguna partida presupuestal se destina para cubrir nóminas policiacas o, ir reduciendo éstas a tal grado que quedaran como asistentes locales de la Guardia Nacional.
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Dado que la naturaleza civil de la Guardia Nacional no deriva de alguna ley secundaria sino de la Constitución, solo se requiere dejar en sequedad algún ingreso federal hacia los estados y los municipios para obligarlos a que vayan prescindiendo de sus policías y cada vez dependan más de la federación.
Como se ha mencionado en otras ocasiones, el tema práctico de un golpazo a la seguridad como función claramente civil, se resuelve de manera tan sencilla como adjuntarle un grupo de agentes civiles a los militares para que cubran los requisitos del Informe Policial Homologado.
Esos civiles solo necesitan tener CUIP (Cédula Única de Identificación Policial) y tener la comisión necesaria para acompañar día y noche a los militares en sus turnos, para ir migrando a un engendro parecido al Primer Respondiente. No más.
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La posibilidad de que esto suceda es evidente. Hacia este flanco deberían mirar los partidos políticos de oposición y de paso, los propios integrantes de Morena porque ellos serían responsables de generar un caos sistémico.
Ese caos radica en que, si toda la policía del país depende de la federación, la ruta directa de los narcotraficantes es evidente, al enfocarse día y noche a cooptar militares, generando un monopolio de la violencia que no podrá ser equilibrado por ninguna fuerza civil.
Si eso sucede, el Estado Fallido es la próxima frontera.
No es ser opositor ni orgánico al poder, es tener conciencia de lo que puede ocurrir sin contrapesos ni equilibrios en el monopolio de la violencia.
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Es, conciencia de Patria.
A menos claro, que la Patria haya pasado de moda.
De las anécdotas que se cuentan
El 4 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se han girado tres órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas, “por los hechos ocurridos en la mina de Coahuila ‘El Pinabete’”.
La FGR informó que tales órdenes de aprehensión se obsequiaron por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra dice: “se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado”.
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En ese tenor, el artículo 150 apunta que: “La pena señalada en el artículo anterior se impondrá a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente”.
Al respecto, especialistas le comentan tres datos al reportero:
1.-La mina de carbón mineral ‘El Pinabete’ es efecto y no causa, considerando que la Comisión Federal de Electricidad ha ido reduciendo la compra a los productores macro de carbón y estimuló que nacieran docenas de minas improvisadas, al estilo de ‘El Pinabete’.
2.-En el entendido que la Comisión Federal de Electricidad ha propiciado con su desdén regulatorio a lo largo de décadas, la creación de minas improvisadas o “pocitos”, el imperio de la ley debería ir en contra de docenas de funcionarios que han permitido, conforme el paso del tiempo, a esta clase de atrocidades.
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3.-Lo ocurrido en Pasta de Conchos en 2006, no ha servido de nada frente al desastre de ‘El Pinabete’, cometiendo los mismos errores entre los que destacan la incapacidad para rescatar con vida a los mineros atrapados y, no haber aplicado la ley contra los dueños de los “pocitos”.
Un detalle para el final.
Tres temas de coyuntura no fueron mencionados ni por accidente en el Informe de Gobierno de López Obrador: ‘El Pinabete’, Ayotzinapa y el desvarío de la delincuencia organizada matando gente hasta en tiendas de conveniencia.
Junto a todo lo anterior, se entiende porqué una historiadora está al frente de las labores de rescate de los cadáveres en Coahuila.
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*ARD
