Morelos arrastra un terrible lastre de ineficacia e impunidad, porque el Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJ), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Anticorrupción (FECC), ocupan los últimos lugares nacionales en su desempeño, mientras los legisladores de oposición en el Congreso de Morelos se niegan a responder al clamor de la sociedad de aplicar cambios drásticos, pues incluso hay quienes se atreven a defender, lucrar políticamente o sostener sus alianzas con Uriel Carmona Gándara, a pesar de sus nulos resultados.
En el caso de del TSJ, a cargo de Jorge Gamboa Olea, ocupa ya durante los más recientes años y en 2024 en particular el último lugar en acceso a la justicia, de acuerdo con la organización World Justice Project. No obstante, su titular, defenestrado por los magistrados, desconocido e incapaz de reunir al pleno, se ha empeñado en nombrar jueces que no cumplen con los requisitos legales ni el perfil y, por si fuera poco, el Poder Judicial de Morelos es motivo de escándalo nacional por una jueza que torció la ley en un juicio mercantil y robó los expedientes del caso, en el que hay más involucrados y que muy probablemente no es el único caso de corrupción.
Por lo que toca a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con la Asociación de Agentes y ex Agentes del MP, de Morelos tiene un rezago que ya supera los 15 mil expedientes y con base estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra de casos en que no se denuncia o no se inicia carpeta de investigación es del 92 por ciento. Asesinatos de periodistas, del ex titular del IMIPE, feminicidios y de personas desaparecidas siguen sin ser resueltos. Y más aún: la gente no denuncia por temor a ser extorsionada por los integrantes de la propia Fiscalía General.
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En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Observatorio Ciudadano, especializado en el análisis del desempeño de las instituciones dedicadas a esta labor, considera sus resultados de regulares a francamente malos, igualmente con rezagos y sin que los casos relevantes hayan sido resueltos y culminen con sentencias condenatorias.
Es claro que en Morelos no habrá un cambio significativo en el combate a la delincuencia, la corrupción, la injusticia y la impunidad mientras no haya cambios en la conducción y liderazgo de esas instancias autónomas e independientes, y si además esas instituciones carecen de un marco normativo en lo individual más acorde a la problemática actual, y que atienda la necesidad de coordinación, la cual hasta ahora brilla por su ausencia, los progresos en el combate a la delincuencia y la impunidad esperarán mejores tiempos.
Sin embargo, aunque está en manos del Congreso de Morelos corregir en gran medida esta problemática, al menos los legisladores de oposición hasta ahora se han negado a la destitución de Uriel Carmona Gándara, desoyendo el reclamo de colectivos de personas desaparecidas, de familiares de víctimas de feminicidios, de diversos sectores sociales agraviados, convirtiéndose en parte del problema, de los obstáculos que impiden la procuración e impartición de justicia, así como el combate a la corrupción e impunidad.