La Fiscalía General de Justicia de Morelos es la segunda peor evaluada del país, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, tanto en materia de rezago, como en la falta de transparencia, en tanto que la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a cargo de José Antonio Ortiz Guarneros, con apenas menos de mil elementos, no fue capaz tampoco de prevenir la ola delictiva.
En una escala de 100, la Fiscalía de Morelos registra el 36.1 de calificación, solo superada en el primer lugar por la de Puebla, que alcanza los 36 puntos. A esto habrá que sumar el hecho de que 92 de cada 100 delitos no son denunciados, o simplemente no continúan las investigaciones, que se van acumulando en un rezago que ya supera las más de 12 mil carpetas.
El mensaje para los delincuentes y las bandas delictivas ha sido de impunidad, primero porque en las tareas de prevención, la CES se ha convertido en una institución que simplemente resguarda las escenas de crímenes y relator de hechos cual testigo, así como hipótesis que no está en sus facultades investigar, descuidando la prevención.
Otros delitos que las autoridades de prevenir la delincuencia y procurar la justicia no han podido frenar es el uso de armas en la comisión de delitos, particularmente las de fuego. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Morelos ocupa el tercer lugar nacional por portación de armas, que incluye las de fuego, blancas y objetos contundentes, como palos, varillas, tubos y similares.
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En este rubro, mientras la media nacional de casos es del 34.2 por ciento por cada cien mil habitantes, nuestra entidad registra el 37.8 por ciento, lo cual se traduce en que los delitos cada vez son cometidos con mayor violencia para doblegar a las víctimas.
Un ejemplo claro es el robo total o parcial de vehículo, con el 74.4 por ciento de los casos en que los delincuentes portaban algún tipo de arma, y en el caso de los robos o asaltos tanto en vía pública, como en el servicio de transporte, el porcentaje es de 70.2 por ciento, en los que la CES, con todo y sus operativos, no ha sido efectiva, mucho menos en el caso de los asaltos y asesinatos de operadores de la Ruta 11, que han tenido que suspender varias veces su servicios porque no hay garantías para trabajar.
El porcentaje de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación alcanza el 92.7 por ciento, y casi la mitad de ellos no pasó nada o no se inició la investigación.
No es complicado dilucidar por qué cárteles y bandas criminales, foráneas o locales, hace de las suyas en la entidad, porque no hay prevención del delito con menos de mil elementos para brindar seguridad a dos millones de habitantes, pero también porque la Fiscalía General, si es que inicia carpetas, en la mitad de ellas no llega a puerto la investigación, o se hunden sus endebles pruebas contra los delincuentes.