Llegamos al Día de la libertad de expresión con un México considerado el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, con mecanismos de protección que no funcionan porque siguen los asesinatos, y con un aumento considerable de mujeres y hombres entregados a la noble tarea de informar, a quienes el gobierno se niega brindarles seguridad.
Otro de los graves problemas a los que se enfrentan los periodistas es que no hay cifras exactas de casos de desaparecidos o muertos por su actividad en los medios. Organizaciones internacionales que se esfuerzan por la defensa de los informadores, como Artículo 19, tiene unos datos sobre los asesinados en México, mientras Reporteros sin Frontera presenta otros, por lo que es difícil clarificar el número.
En el caso Morelos, tres periodistas muertos, como Manuel González, del portal Morelos Noticias, y más recientemente el crimen contra Roberto Carlos Figueroa, en esta administración.
Pero uno de ellos, el primero en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ejercía su labor desde una radio comunitaria y era un férreo luchador social, Samir Flores, también fue muerto, y lejos de investigar su asesinato por su oposición a la termoeléctrica contra la cual protestaba, la línea de investigación de la Fiscalía gira en torno al crimen organizado.
Pero en estos casos hay una constante: sus muertes siguen sin ser esclarecidas, generando impunidad.
No obstante, hay otras agresiones y acoso a los periodistas morelenses, algunos desde el Poder Judicial que preside Jorge Gamboa Olea, pues a Carlos Quintero han querido obligarlo a desnudar sus fuentes cuando ventila la incapacidad de los impartidores de justicia.
Y otro caso más reciente, el de Perla Selene Aguilar Figueroa, reportera de la región sur de la entidad, quien durante las campañas electorales recibió una denuncia anónima sobre despensas en instalaciones de Protección Civil de un ayuntamiento de la zona, acudió al lugar, hizo una transmisión en vivo, documentó que era verdad la denuncia, encontrándose playeras y gallardetes, por lo que fue intimidada. Y sin embargo pidió a la ciudadanía que denuncie todo tipo de irregularidades.
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El más reciente asesinato de un periodista, Roberto Carlos Figueroa, movilizó a la protesta a los periodistas de Morelos, primero con una condena y pronunciamiento en el Memorial de personas desaparecidas en Palacio de Gobierno, y eventualmente con una manifestación en la Fiscalía General del Estado, donde su titular, Uriel Carmona, aceptó la creación de un protocolo se seguridad, lo mismo que ir a fondo en el esclarecimiento del crimen.
Una segunda protesta de los periodistas de Morelos tuvo como escenario Palacio de Gobierno, donde inicialmente se cerraron las rejas de la supuesta casa del pueblo y, eventualmente, después del bloqueo de algunas calles, el secretario de Gobierno en funciones de gobernador, Samuel Sotelo, dialogó con los periodistas, comprometiéndose a la generación de esos protocolos de seguridad y apoyar el esclarecimiento del crimen de Roberto Carlos Figueroa.
Faltan aún un par de destinatarios en el pronunciamiento de los periodistas de Morelos: los poderes Legislativo y Judicial, que eventualmente habrán de realizarse.
Y es que no es solo la muerte de los periodistas, porque subyacen otros crímenes, no menos ominosos: el de la impunidad, y el de silenciar la libertad de expresión.
No obstante, perviven en la memoria los caídos y el mensaje…