Araceli Xixitla señala que el procedimiento continuará ante el Tribunal Electoral
La regidora del Ayuntamiento de Cuautla, Araceli Xixitla, informó que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana notificó medidas cautelares dentro de un procedimiento iniciado por presuntos actos de discriminación y violencia política en razón de género, en el que están involucradas la senadora Juanita Guerra y la regidora Anita Sánchez Guerra.
La edil explicó que el organismo electoral emitió las medidas precautorias derivadas de comentarios que, afirmó, fueron realizados por Anita Sánchez Guerra durante una sesión de Cabildo y que considera discriminatorios.
Medidas prohíben acercamientos y expresiones
Araceli Xixitla detalló que, entre las disposiciones dictadas por el IMPEPAC, se establece que la regidora denunciada no podrá acercarse a ella ni realizar comentarios en su contra mientras se desarrolla el procedimiento.
Señaló que el conflicto se originó durante la primera sesión de Cabildo encabezada por la actual presidenta municipal, cuando, aseguró, se emitieron expresiones que posteriormente fueron difundidas en un video por las propias involucradas.
Afirma que los hechos fueron denunciados desde 2025
La regidora indicó que, además de ese episodio, ha enfrentado comentarios y conductas que calificó como abuso, por lo que recordó que desde 2025 inició acciones legales para denunciar los hechos.
Precisó que el procedimiento se encuentra en una etapa inicial y que el expediente continuará su curso ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, instancia que será la encargada de emitir una resolución definitiva.
Solicitan sanciones en caso de acreditarse las conductas
Araceli Xixitla informó que, entre las medidas solicitadas por la parte denunciante, se encuentra la inscripción de las personas denunciadas en el padrón de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, además de una disculpa pública y una sanción económica, en caso de que la autoridad determine la existencia de las conductas denunciadas.
Finalmente, señaló que corresponderá a las autoridades electorales desahogar el procedimiento, valorar las pruebas presentadas por ambas partes y resolver el caso conforme a derecho.
SFQ
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