Por una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con autoridad moral, itinerante y que le ponga freno a la corrupción, se pronunciaron los Doctores en Derecho, Edgar Corzo y Eduardo Santillán, candidatos a la máxima autoridad judicial en México.
Al participar como oradores huéspedes del Grupo Empresarial Morelos (GEM), con la conferencia “Diálogos por la Justicia”, los jurisconsultos propusieron fortalecer el rol social del Poder Judicial y llamaron a la participación ciudadana en las elecciones del próximo primero de junio.
Ambos candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidieron en la necesidad de renovar la forma de impartir justicia, erradicar la corrupción y mantener la progresividad de los derechos humanos.
Una justicia itinerante y con rostro humano
En su intervención, Edgar Corzo Sosa, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró como urgente el fortalecimiento del sistema judicial y lograr acceder a una justicia con rostro humano.
Pugno por jueces que sean más sensibles y cercanos a la realidad social, que estén más alejados de la corrupción y más cercanos a la ciudadanía: “Que los ministros sean itinerantes con el fin de acercar la justicia a todos los rincones del país”, instó.
Es necesario, dijo, la "consolidación del humanismo constitucional mexicano”, mediante reformas constitucionales que se traduzcan en una práctica judicial más empática y centrada en la dignidad humana.
De la misma forma, abordó la protección progresiva de derechos humanos, ya que no se debe dar un paso atrás en la protección de derechos como la igualdad, salud, desarrollo personal, no discriminación y perspectiva de género.
Finalmente, llamó a fortalecer fiscalías, defensorías y medios alternativos de resolución de conflictos para garantizar el verdadero acceso a la justicia.

Seguridad y Justicia
El Doctor Eduardo Santillán, candidato a la máxima autoridad judicial en México, consideró que la seguridad para México, debe de ser una prioridad y que se debe de incluir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las reuniones de los gabinetes de seguridad en lo federal, en los estados y en los municipios, “para que establezcamos una política nacional en materia de seguridad pública”.
Propuso que cada tres años se certifiquen a los abogados y se sancionen a los abogados que engañan y hasta extorsionan a sus clientes, que le sacan dinero y no les resuelven nada; incluso, con la cancelación de su cédula profesional. Pugno por revisar las Defensorías de Oficio, reformar a las Fiscalías y homologar el modelo de su funcionamiento y dotar a las policías de la facultad de investigación.
“Necesitamos detener la puerta giratoria, que los malandros no utilicen una institución tan noble como es el amparo para salir de la cárcel. Es muy importante que en el Poder Judicial y su relación con el Ejecutivo y el Legislativo no haya subordinación ni confrontación. Tiene que haber una gran coordinación entre los tres poderes, principalmente en el tema de la seguridad pública”, dijo.
En el foro, empresarios, exjueces, especialistas en derecho y sindicalistas, escucharon sus propuestas.
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