El Congreso del Estado de Morelos analiza expedientes remitidos por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que podrían derivar en la destitución e inhabilitación de los alcaldes de Xoxocotla, Tlaquiltenango, Zacatepec y Jonacatepec, por incumplimientos a resoluciones judiciales.
Los presidentes municipales involucrados son José Carlos Jiménez Ponciano, de Xoxocotla; Enrique Alonso Plascencia, de Tlaquiltenango; José Luis Maya Torres, de Zacatepec; e Israel Andrade Zavala, de Jonacatepec.
Ninguno de los cuatro ha sido destituido hasta ahora. Al tratarse de autoridades electas, corresponde al Congreso revisar cada expediente y resolver si procede o no la separación del cargo y las sanciones planteadas.
El diputado Daniel Martínez Terrazas señaló que los grupos parlamentarios analizarán la documentación antes de adoptar una postura.
“Tenemos que evaluar lo que se presentó directamente en la documentación, para poder tomar una determinación”, expresó.
Expedientes derivan de sentencias administrativas incumplidas
Los procedimientos tienen como origen el incumplimiento de sentencias firmes, principalmente relacionadas con obligaciones laborales, laudos, pensiones y pagos ordenados judicialmente.
El TJA puede determinar incumplimientos y remitir los casos al Poder Legislativo, pero no separar directamente de su cargo a presidentes municipales electos.
En el caso de Xoxocotla, existen al menos dos expedientes relacionados con José Carlos Jiménez Ponciano. Uno de ellos también alcanza a integrantes del Cabildo por el incumplimiento de una resolución laboral.
Tlaquiltenango acumula tres procedimientos activos contra Enrique Alonso Plascencia. Entre ellos se encuentra el expediente TJA/5ªSERA/JRAEM-135/2022, relacionado con una sentencia firme derivada de un conflicto laboral.
El Tribunal consideró que no se había acreditado el cumplimiento y remitió el asunto al Congreso.
Zacatepec y Jonacatepec también están bajo revisión
José Luis Maya Torres, alcalde de Zacatepec, e Israel Andrade Zavala, de Jonacatepec, también aparecen dentro de los procedimientos enviados al Poder Legislativo.
Los casos están relacionados con incumplimientos de resoluciones vinculadas con pensiones y obligaciones laborales.
Israel Andrade Zavala cuenta además con un antecedente de inhabilitación por un año durante una administración anterior por incumplimientos de naturaleza similar, de acuerdo con información atribuida al TJA.
Ese antecedente, sin embargo, no implica que exista automáticamente una sanción agravada dentro del procedimiento actual.
Algunos expedientes llevan meses en el Congreso
Los casos de Xoxocotla y Tlaquiltenango no son nuevos.
Desde junio de 2026, el Congreso había reconocido la recepción de notificaciones del TJA y el inicio del análisis jurídico correspondiente.
El presidente del Tribunal, Guillermo Arroyo Cruz, ha señalado que algunos municipios mantienen incumplimientos reiterados pese a los requerimientos judiciales.
Esa valoración corresponde al TJA y deberá contrastarse con la documentación y argumentos que presenten las autoridades municipales dentro de cada expediente.
Otros municipios, como Tepalcingo y Tlaltizapán, lograron atender obligaciones pendientes antes de que sus procedimientos avanzaran hacia una posible destitución, según información del propio Tribunal.
Esto muestra que una separación del cargo no es automática ni inevitable mientras existan vías para acreditar el cumplimiento de las resoluciones correspondientes.
PAN solicitará expedientes el próximo lunes
Daniel Martínez Terrazas informó que el PAN solicitará el próximo lunes al presidente de la Mesa Directiva la información relacionada con los cuatro casos para analizarla.
La solicitud del grupo parlamentario no significa que ese día se vaya a votar o resolver la destitución de los alcaldes.
El análisis puede pasar por distintas instancias internas del Congreso antes de llegar al Pleno, donde deberá adoptarse la determinación correspondiente conforme al procedimiento legislativo.
Hasta ahora tampoco existe un plazo público definido para que el Congreso resuelva los cuatro expedientes.
Aunque los grupos parlamentarios pueden construir acuerdos políticos sobre el sentido de su voto, la decisión institucional corresponde al Congreso y debe sustentarse en la documentación remitida por el Tribunal.
El marco jurídico estatal reconoce la intervención del Poder Legislativo en asuntos relacionados con autoridades municipales, pero cada expediente deberá resolverse de acuerdo con sus circunstancias particulares y con las resoluciones judiciales que le dieron origen.
SFQ
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