El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos mantiene protestas y bloqueos en Cuernavaca para exigir al Gobierno estatal que aclare el destino de alrededor de 200 plazas vacantes y respete los movimientos de escalafón para la base trabajadora.
José Ramón Wong Balboa, dirigente de la organización, señaló que de ese universo sólo existe certeza sobre unas 60 plazas, mientras que otras 120, sostuvo, no aparecen en los padrones o listas disponibles para los trabajadores.
La inconformidad llevó este miércoles a integrantes del sindicato a bloquear vialidades del centro de Cuernavaca y mantener acciones de protesta en instalaciones gubernamentales para exigir una respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Sindicato exige respetar el escalafón
Wong Balboa explicó que la principal demanda consiste en garantizar que las plazas disponibles puedan ser ocupadas conforme al escalafón y las condiciones generales de trabajo.
Para el sindicato, acceder a una plaza superior no sólo representa mejores ingresos inmediatos, sino que también puede repercutir en las condiciones salariales consideradas para una futura jubilación.
Los trabajadores cuestionan que algunas vacantes puedan permanecer congeladas y piden conocer con precisión cuáles están disponibles, cuáles pueden concursarse y qué ocurrirá con aquellas que aseguran no encontrar en los padrones.
Días antes, el propio dirigente había denunciado la existencia de 250 plazas congeladas en diferentes áreas operativas y administrativas. Esa cifra corresponde a un señalamiento previo y no necesariamente al mismo universo de aproximadamente 200 vacantes que ahora forma parte de la protesta.
Presupuesto contempla previsiones para movimientos laborales
El reclamo sindical también hace referencia al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
La discusión se centra en plazas que, según la dirigencia, aparecen consideradas dentro de la documentación presupuestaria y que deberían permitir movimientos escalafonarios.
Sin embargo, la existencia de previsiones presupuestales para creación de plazas, prestaciones y medidas laborales no significa por sí sola que cada una de las 200 vacantes reclamadas esté autorizada para ser ocupada de manera inmediata.
Ese punto forma parte de las diferencias que deberán aclararse entre la representación sindical y el Ejecutivo.
Gobierno asegura que las mesas de diálogo siguen abiertas
El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, rechazó que exista una negativa absoluta para atender al sindicato y aseguró que las mesas de diálogo permanecen abiertas.
El funcionario explicó que los plazos para contrataciones, altas y movimientos de personal están sujetos al cierre del ejercicio fiscal, autorizaciones administrativas y disponibilidad presupuestal, y sostuvo que estas restricciones no están dirigidas exclusivamente al personal sindicalizado.
El Gobierno también afirmó que las prestaciones laborales de la base no están condicionadas a su participación o no en las movilizaciones.
La postura oficial contrasta con la del sindicato, que reclama una solución inmediata y mayor claridad sobre las plazas vacantes.
Protestas afectan servicios y vialidades
El conflicto escaló después de que trabajadores cerraran calles y accesos a distintas oficinas públicas.
Salazar Acosta señaló que las movilizaciones han afectado el libre tránsito y la realización de trámites ciudadanos, particularmente en Palacio de Gobierno y otras dependencias.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, las diferencias laborales deben procesarse mediante mesas de negociación sin interrumpir la prestación de servicios públicos.
El funcionario también planteó que podría haber intereses políticos alrededor de las protestas. Esa afirmación corresponde a su postura y no ha sido acreditada como un hecho.
Gobierno prepara acciones legales
La Secretaría de Administración y Finanzas informó que la Consejería Jurídica documenta los cierres y bloqueos para determinar posibles acciones legales.
Salazar Acosta señaló que también existe comunicación con la Fiscalía para revisar lo ocurrido en Palacio de Gobierno y otras instalaciones públicas. No precisó cuántas denuncias podrían presentarse.
Mientras el Ejecutivo sostiene que mantiene canales de negociación, los sindicalizados advierten que continuarán con sus acciones hasta obtener certeza sobre las plazas y los mecanismos de escalafón.
El conflicto permanece abierto entre dos posiciones: los trabajadores exigen conocer el destino de las vacantes y aprovecharlas mediante sus derechos escalafonarios, mientras el Gobierno afirma que los movimientos de personal deben sujetarse a procedimientos administrativos y disponibilidad presupuestal.
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