La diputada federal Meggie Salgado Ponce pidió al Congreso de Morelos revisar a fondo las condiciones financieras y contractuales del proyecto de paneles solares aprobado por el Cabildo de Cuernavaca para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), antes de que sea sometido a votación.
La legisladora solicitó que se haga público el contenido del convenio, cuya vigencia sería de hasta 20 años, al considerar que un compromiso de esa duración debe transparentarse antes de recibir la autorización del Poder Legislativo local.
Salgado Ponce aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra el uso de energías limpias, sino hacia las condiciones bajo las cuales se pretende desarrollar el proyecto.
“No está en contra de la energía limpia, sino de firmar a escondidas un contrato para endeudar más al municipio”, señaló al fijar su postura.
Proyecto solar contempla 104 instalaciones de SAPAC
El proyecto aprobado por el Cabildo contempla llevar energía solar a 104 instalaciones de SAPAC, entre pozos, cárcamos y plantas de tratamiento.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gobierno municipal, el esquema podría considerar hasta 39 mil 568 paneles fotovoltaicos, con una capacidad máxima de 24.33 MWp.
La administración municipal proyecta que la generación solar permitiría reducir entre 30 y 40 por ciento el gasto eléctrico del organismo, equivalente a un ahorro estimado de entre 3 y 4 millones de pesos mensuales.
Estas cantidades corresponden a proyecciones del proyecto y no a ahorros que ya hayan sido obtenidos.
Urióstegui sostiene que el convenio no representa deuda
La postura del Ayuntamiento difiere de la advertencia expresada por Salgado Ponce.
El presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado ha sostenido que el esquema no constituye deuda pública, sino un contrato de prestación de servicios mediante el cual SAPAC pagaría por el suministro energético.
Según las cifras presentadas por el gobierno municipal, SAPAC destina actualmente entre 12 y 12.5 millones de pesos mensuales al pago de energía eléctrica y con el proyecto solar esa cantidad podría disminuir a entre 8 y 9 millones.
La clasificación financiera del convenio forma parte precisamente de los aspectos que deberán ser analizados durante la revisión legislativa.
Congreso debe revisar el convenio antes de autorizarlo
La aprobación del Cabildo permite continuar con el procedimiento, pero no significa que el proyecto haya recibido todas las autorizaciones necesarias ni que exista ya una empresa definitivamente contratada para ejecutarlo.
Debido a que el convenio trascendería la actual administración municipal, necesita pasar por el Congreso del Estado de Morelos.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Isaac Pimentel Mejía, había informado que la documentación sería enviada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para analizar sus términos antes de determinar su viabilidad.
De esta manera, el llamado de Meggie Salgado se produce mientras el proyecto se encuentra dentro de una ruta de revisión legislativa ya prevista.
Pide auditoría a las finanzas de SAPAC
Además de transparentar el convenio solar, Salgado Ponce planteó realizar una auditoría a las finanzas de SAPAC, con énfasis en los ingresos provenientes de los pagos que realizan las familias por el servicio de agua potable.
La legisladora cuestionó que exista suficiente claridad sobre el proyecto y pidió descartar intereses particulares antes de que el Congreso otorgue su autorización.
“A lo lejos se ve como algo muy innovador, pero de cerca parece otro negocio más de algunas personas”, declaró.
Esta afirmación corresponde a la postura de la diputada y no acredita por sí misma la existencia de irregularidades o beneficios particulares.
Empresarios respaldan energía solar, pero piden comprobar ahorro
El proyecto también ha generado posiciones fuera del ámbito político. Representantes empresariales de Cuernavaca se han manifestado a favor del uso de energía solar para disminuir los costos de SAPAC, aunque han condicionado su respaldo a que las condiciones financieras demuestren un ahorro real para el organismo.
El debate, por tanto, no se concentra únicamente en la adopción de energía limpia, sino en la duración del acuerdo, sus costos, los compromisos financieros que generaría y la información que deberá conocer el Congreso antes de autorizarlo.
SFQ
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