El Congreso de Morelos analizará dentro del Paquete Económico 2027 la posibilidad de destinar recursos para instalar cuadrantes regionales de búsqueda de personas, informó el diputado Daniel Martínez Terrazas.
El legislador explicó que la propuesta surge ante la petición de madres buscadoras para contar con 36 unidades operativas de búsqueda, una por cada municipio de Morelos. Sin embargo, sostuvo que los recursos disponibles dificultarían establecer una estructura de ese tamaño y planteó como alternativa organizar la atención por regiones.
La legislación estatal contempla una Comisión de Búsqueda de Personas y un Fondo de Búsqueda integrado con recursos previstos en el Presupuesto de Egresos y aportaciones federales. Además, el Gobierno de Morelos informó en septiembre que trabaja en la creación, instalación y fortalecimiento de Unidades de Búsqueda Municipales, por lo que la discusión presupuestal se relaciona con un proceso institucional que ya se encuentra en desarrollo.
Buscan ampliar capacidad territorial para localizar personas
La Comisión de Búsqueda estatal tiene entre sus funciones ejecutar, coordinar y dar seguimiento a acciones de localización, además de realizar búsquedas en campo con apoyo de equipo especializado y coordinación con otras autoridades y colectivos.
La propuesta mencionada por Martínez Terrazas todavía no representa una partida presupuestal aprobada. El planteamiento será revisado durante la discusión del presupuesto estatal para 2027, por lo que deberá definirse su alcance, distribución territorial y monto.
El diputado señaló que la falta de recursos impediría establecer 36 estructuras con capacidad operativa propia, pero consideró viable analizar cuadrantes regionales que permitan cubrir distintas zonas del estado.
La discusión presupuestal deberá distinguir los recursos destinados directamente a búsqueda de personas de aquellos correspondientes a seguridad pública o procuración de justicia, debido a que intervienen instituciones con atribuciones diferentes.
Congreso revisará presupuesto para seguridad y justicia
Martínez Terrazas también señaló que el Congreso evaluará los resultados de las instituciones encargadas de seguridad y procuración de justicia antes de determinar si procede incrementar sus recursos durante el siguiente ejercicio fiscal.
En ese contexto, el presidente de la Junta Política y de Gobierno cuestionó las cifras oficiales relacionadas con feminicidios y homicidios, al considerar que existen irregularidades en los registros difundidos a nivel federal.
Ese señalamiento corresponde a la postura del legislador. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública provienen de las carpetas de investigación reportadas por las fiscalías y procuradurías estatales al Centro Nacional de Información.
Además, desde enero de 2026 entró en operación el Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID), que modificó la metodología utilizada hasta 2025 y amplió el registro a 71 delitos. El propio Secretariado publica notas metodológicas y aclaraciones para realizar comparaciones entre periodos, por lo que cualquier evaluación de tendencias debe considerar los cambios en el sistema estadístico.
La definición del presupuesto 2027 deberá precisar por separado los recursos destinados a la Comisión de Búsqueda de Personas, seguridad pública y Fiscalía, así como los objetivos operativos que se pretenden fortalecer en cada institución.
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