El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Morelos impulsa una iniciativa para tipificar como delito electoral la usurpación de candidaturas indígenas y afromexicanas, con el objetivo de garantizar una representación auténtica de los pueblos originarios en los procesos electorales.
La propuesta contempla la reforma al Artículo 2 Bis de la Constitución local e incluye sanciones para quienes obtengan una candidatura mediante una autoadscripción que no corresponda a su identidad o representación comunitaria.
Iniciativa busca proteger la representación de pueblos indígenas y afromexicanos
La diputada Guillermina Maya Rendón informó que la iniciativa pretende fortalecer los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, evitando que personas ajenas ocupen espacios destinados a estos sectores.
La legisladora explicó que la propuesta establece castigos severos para quienes incurran en la usurpación de candidaturas indígenas o afromexicanas, al considerarla una conducta que afecta la representación política de estas comunidades.
Morena exhortará al Impepac para garantizar candidaturas auténticas
Como parte de esta propuesta, Morena también buscará exhortar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para que garantice una representación legítima durante el próximo proceso electoral.
Asimismo, la diputada planteó que la Asamblea General de cada comunidad sea reconocida como la única autoridad competente para otorgar las autoadscripciones que acrediten la pertenencia de las personas aspirantes a pueblos indígenas o afromexicanos.
Buscan ampliar la representación política de comunidades originarias
Guillermina Maya Rendón, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, afirmó que uno de los principales desafíos es la falta de representación política de estos sectores en los distintos niveles de gobierno.
Por ello, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer los mecanismos legales para garantizar que los espacios destinados a pueblos originarios sean ocupados por personas que realmente pertenezcan y cuenten con el respaldo de sus comunidades.
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