La diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, denunció que la denominada Ley de Doble Victimización no se aplica en Morelos, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso local y publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.
La legisladora recordó que esta reforma busca evitar que las víctimas del delito de robo tengan que cubrir gastos por concepto de arrastre, traslado o resguardo de sus vehículos en corralones, al considerar que dichas personas ya enfrentan una afectación derivada del delito.
Persisten cobros excesivos por servicios de grúas y corralones
Rodríguez Ruiz aseguró que continúan registrándose denuncias ciudadanas en distintos municipios del estado por cobros considerados abusivos relacionados con el servicio de grúas y depósitos vehiculares.
Indicó que existen casos en los que los afectados reportan tarifas de hasta 15 mil pesos, situación que, afirmó, contradice el espíritu de la legislación aprobada para proteger a las víctimas.
Morelos carece de un padrón oficial de corralones
La diputada señaló que uno de los principales problemas es la falta de regulación en el sector, ya que actualmente Morelos no cuenta con un padrón oficial de corralones.
Explicó que, con el propósito de atender esta problemática, se han realizado siete mesas de trabajo con autoridades estatales para analizar las quejas ciudadanas y buscar mecanismos que permitan regular el servicio.
Ley fue aprobada y publicada, pero aún no opera
Tania Valentina recordó que la iniciativa fue presentada en 2021, aprobada por el Congreso del Estado en diciembre de 2025 y posteriormente publicada en el Periódico Oficial durante febrero de este año.
Sin embargo, sostuvo que la norma aún no se aplica de manera efectiva en la entidad, por lo que las víctimas continúan enfrentando cobros derivados del resguardo de sus vehículos.
“Los ciudadanos ya no deberían pagar, porque ya es una ley que se llama la doble victimización”, expresó la legisladora.
Finalmente, insistió en la necesidad de que las autoridades competentes implementen los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación y evitar afectaciones económicas adicionales a las víctimas de delitos patrimoniales.
SFQ
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