Funcionarios de Amacuzac denuncian amenazas contra alcalde Noé Reynoso

La síndica Azucena Ortega Pérez, la regidora Patricia Cambray Montufar y el tesorero Vladimir Alejandro Vargas, del Ayuntamiento de Amacuzac, denunciaron públicamente al alcalde Noé Reynoso Nava por presuntas amenazas y fabricación de delitos.

La conferencia de prensa se realizó en Cuernavaca, donde los funcionarios expresaron temor por su integridad y la de sus familias.

Acusan detención irregular durante operativo

Los denunciantes señalaron que el pasado 3 de marzo fueron detenidos en la presidencia municipal durante el operativo “Enjambre”, encabezado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Atención Inmediata (FIDAI), bajo acusaciones de extorsión agravada.

Sin embargo, indicaron que una jueza determinó su libertad al detectar inconsistencias en la carpeta de investigación.

Señalan irregularidades por 22 millones de pesos

Los funcionarios afirmaron que detectaron irregularidades por hasta 22 millones de pesos en el manejo de recursos públicos, relacionadas con:

• Obras no ejecutadas

• Depósitos irregulares

• Facturas alteradas

Aseguraron que estas anomalías motivaron que el Cabildo decidiera restringir el acceso a recursos al alcalde, medida conocida como “cerrarle la llave”.

Exigen investigación a autoridades federales y estatales

En este contexto, solicitaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, realizar una investigación exhaustiva contra el edil por presuntos nexos delictivos.

Retomarán funciones bajo vigilancia

A pesar de las amenazas, anunciaron que retomarán sus funciones el miércoles 18 de marzo, solicitando la presencia de medios de comunicación para garantizar transparencia y seguridad.

Piden imparcialidad al Poder Judicial

Finalmente, exigieron a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos actuar con imparcialidad ante el recurso de apelación promovido por la FIDAI.

También informaron que ya interpusieron una denuncia por violencia política de género y no descartaron acudir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para continuar con acciones legales.