El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Morelos, Jorge Salazar Acosta, confirmó que las pensiones de trabajadores de los tres poderes de gobierno han rebasado el límite presupuestal previsto, generando presión en las finanzas públicas de la entidad.
En entrevista, el funcionario estatal explicó que la problemática se ha recrudecido principalmente en los poderes Legislativo y Judicial, donde el número de recursos jurídicos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha incrementado de manera constante ante la falta de suficiencia presupuestal para cubrir las jubilaciones.
Ejecutivo mantiene control, pero reconoce presión financiera
En el caso del Poder Ejecutivo, Salazar Acosta precisó que el pago de pensiones no representa el 50 por ciento del presupuesto estatal; sin embargo, reconoció que sí absorbe una parte importante de los recursos públicos.
Detalló que, gracias a los ahorros implementados en las finanzas gubernamentales, se ha logrado proyectar el cumplimiento de estas obligaciones laborales, aunque advirtió que el tema requiere una solución estructural de fondo.
Mesas de trabajo e Instituto de Pensiones Estatal
Ante este panorama, el secretario informó que ya iniciaron mesas de trabajo entre los tres poderes de gobierno, con el objetivo de consolidar la creación del Instituto de Pensiones del Estado de Morelos, instancia que buscará dar viabilidad financiera y orden administrativo al sistema de jubilaciones.
Asimismo, reveló que se están atendiendo las recomendaciones emitidas por la Suprema Corte, particularmente en lo referente a los análisis financieros necesarios para cubrir el cúmulo de pensiones rezagadas.
“Estamos trabajando bajo dinámicas de reuniones entre poderes de gobierno; es una instrucción de la Corte ante el cúmulo de pensiones rezagadas y también realizando los análisis correspondientes para atenderlas”, señaló.
Garantizan derechos laborales
Finalmente, Jorge Salazar Acosta subrayó que la creación del nuevo instituto no afectará los derechos laborales de los trabajadores, los cuales —dijo— están garantizados y protegidos por la ley.
El funcionario reiteró que el proceso se realizará con pleno respeto a la seguridad laboral y con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera del estado.
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